Recientemente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha efectuado su visita anual a España para elaborar el informe del Artículo IV. Durante esta visita, el FMI ha expresado preocupaciones respecto a la propuesta de reducción de la jornada laboral en el sector privado, liderada por el Ministerio de Trabajo bajo la dirección de Yolanda Díaz. Según el Fondo, si no se gestiona adecuadamente, esta medida podría elevar los costos laborales y disminuir tanto la producción como los ingresos de los trabajadores a largo plazo.
En respuesta a estos riesgos, el FMI ha recomendado a los legisladores españoles y a los actores del diálogo social —incluyendo empleadores, sindicatos y el Gobierno— que implementen una reforma que no solo incluya una moderación salarial, sino que también permita adaptar las medidas de manera flexible entre diferentes sectores mediante la negociación colectiva, para así mitigar posibles efectos negativos.
Estas declaraciones del FMI contrastan con las reflexiones optimistas que compartió el ministro de Economía de España desde Luxemburgo, donde participó en la reciente reunión de ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin).
El ministro Carlos Cuerpo afirma que es preferible que las negociaciones entre empresas y trabajadores respecto a la reducción de la jornada laboral culminen en un acuerdo que combine flexibilidad para esquivar consecuencias adversas y que fomente un incremento en la productividad. Además, defiende la preservación de los salarios de los empleados.
Sin embargo, esta posición es objeto de críticas por parte del Fondo Monetario Internacional, que sugiere que si se considera una reducción similar de la jornada en el sector público, esta debe ajustarse proporcionalmente a la diferencia entre las horas de trabajo reales y la nueva normativa legal sugerida.
En su informe sobre asuntos laborales, los técnicos del FMI han señalado que el salario mínimo ha experimentado un aumento significativo, superando el 50% en los últimos cinco años y alcanzando la meta del 60% del salario medio establecida por el Gobierno. En consecuencia, destacan la importancia de considerar los posibles efectos adversos en el empleo poco cualificado antes de implementar cualquier aumento adicional. Recomiendan que cualquier ajuste futuro se base en las directrices proporcionadas por la Comisión Asesora para el Análisis del Salario Mínimo Interprofesional, y abogan por otorgar a esta comisión mayor autonomía y peso institucional.