Pere Aragonès, en una intervención desde la Generalitat

Empresaris de Catalunya arremete contra los Presupuestos del Govern

La asociación empresarial insta a no ceder a chantajes políticos y a reducir la burocracia que obstaculiza el desarrollo empresarial en la región

Empresaris de Catalunya ha emitido una contundente opinión sobre el proyecto presupuestario acordado entre el Govern y el PSC, expresando su preocupación por la falta de medidas que impulsen la economía y el empleo en Cataluña.

Según la organización empresarial, la aprobación de unas cuentas públicas no es positiva en sí misma si el proyecto de presupuesto no actúa como un motor para la economía y el empleo. En este sentido, han señalado que el proyecto de presupuestos de la Generalitat para 2024 no es beneficioso para la economía catalana.

Entre las principales críticas se destaca el mantenimiento de 14 tributos propios, lo que convierte a Cataluña en la comunidad autónoma con la fiscalidad más elevada de España. Además, han expresado su preocupación por el incremento del gasto en personal al contratar a más de 7.000 nuevos funcionarios.

Empresaris de Catalunya también ha instado al Govern a no ceder al chantaje de los Comunes, quienes han condicionado su apoyo a los presupuestos a la paralización del proyecto Hard Rock en Tarragona. Según la organización empresarial, este proyecto cuenta con el respaldo de 14 ayuntamientos y la Cámara de Comercio de Tarragona.

Josep Bou, presidente de Empresaris de Catalunya, ha afirmado que un presupuesto que paraliza proyectos empresariales, aumenta la carga fiscal y el gasto público no beneficia a Cataluña en 2024. Bou subrayó la necesidad de enviar un mensaje de alineación con el mundo empresarial para atraer inversiones, destacando el éxito de otras comunidades autónomas como Andalucía en este aspecto.

La asociación empresarial también ha hecho hincapié en la necesidad de reducir la burocracia, que encarece los costos empresariales y dificulta la operatividad de las empresas. Han citado el ejemplo de los agricultores, quienes han denunciado que la administración se ha convertido en un obstáculo para la actividad económica, con excesiva documentación y trámites burocráticos que dificultan su trabajo.