Los catalanes gastan tres veces más dinero público que los madrileños. Así lo evidencia la última liquidación de los presupuestos autonómicos, del Ministerio de Hacienda. Los datos recientes sobre el gasto e ingresos per cápita, las aportaciones a la solidaridad interterritorial y la necesidad de una reforma del modelo de financiación, ponen de manifiesto la complejidad de la situación y los desafíos que enfrentan regiones como Cataluña y Madrid.
El gasto público per cápita es un indicador clave para entender cómo se distribuyen los recursos en las diferentes comunidades autónomas. En este sentido, Cataluña presenta un gasto público per cápita de 3.730,22 euros, superior al de Madrid, que se sitúa en 2.933,28 euros, y también por encima de la Comunidad Valenciana, con 3.332,22 euros por habitante. Esta diferencia se refleja también en los presupuestos totales propuestos: Cataluña, con un presupuesto de 43.600 millones de euros, y Madrid, con 27.558 millones de euros.
En términos de ingresos per cápita, Madrid supera ligeramente a Cataluña, con 3.679 euros frente a los 3.453 euros de Cataluña. Esta diferencia en ingresos y gastos plantea preguntas sobre la eficiencia y la equidad en la distribución de recursos y la gestión financiera de cada comunidad.
Las aportaciones a la solidaridad interterritorial muestran otra capa de la complejidad financiera. Madrid contribuye significativamente más que Cataluña: 4.500 millones de euros a los fondos de Garantía y de Suficiencia, y una contribución total al Estado de 5.177 millones de euros. En contraste, Cataluña aportó 1.697 millones de euros al fondo de Garantía y recibió 732 millones de euros del fondo de Suficiencia, con una contribución neta al Estado de 146 millones de euros.
El modelo de financiación autonómica, cuya última actualización data de 2009 y que venció en 2014, está caducado desde hace una década. Esta obsolescencia ha intensificado las discusiones sobre la necesidad de una reforma que aborde las disparidades fiscales y las necesidades de las regiones. Las regiones más desarrolladas, como Madrid, Cataluña, Valencia y Baleares, presentan saldos fiscales negativos, lo que alimenta las reivindicaciones de movimientos independentistas que buscan reducir el déficit fiscal mediante una negociación directa con el Estado, similar al modelo del País Vasco.
En Cataluña, el debate sobre la financiación autonómica se ha intensificado en el contexto de las negociaciones para formar gobierno en la Generalitat. Pere Aragonès, presidente de la Generalitat y candidato a la reelección, ha argumentado que Cataluña enfrenta una falta de recursos económicos, una postura que contrasta con los datos sobre el gasto público per cápita. Este argumento es parte de una narrativa más amplia del secesionismo catalán, que busca destacar las supuestas injusticias económicas como justificación para la independencia.
Por otro lado, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha defendido la gestión financiera de su comunidad y ha subrayado la elevada contribución de Madrid a la solidaridad interterritorial. Ayuso argumenta que Madrid está siendo penalizada por su éxito económico y su eficiencia en la gestión de recursos.