Llaves en la cerradura con varios billetes de euro

La millonaria multa que ha impuesto el Govern a grandes tenedores

Las sanciones responden a la normativa actual de 2022 que establece que los grandes tenedores deben ofrecer un alquiler social antes de interponer la demanda de ejecución hipotecaria o desalojo

La Agència Catalana del Consum de la Generalitat ha impuesto 6 millones de euros en 246 sanciones a 79 grandes tenedores desde 2019 por no ofrecer alquiler social a familias en riesgo de exclusión residencial.

De los 79 grandes tenedores, hay dos que copan el 44% del total de sanciones (2,7 millones de euros).

Las 11 empresas con sanción firme son: Coral Homes, Altamira Santander Real Estate, BTL Spain Residential Acquisitions, Wind Luxemburg, Cabot Assets Spain, Claysburg, Cimentados3, Matella, Iluro Pis Promotora Inmobiliaria, Unión Crédito para la Financiación Mobiliaria e Inmobiliaria Credifimo Establecimiento Financiero de Crédito y Aiqon Capital España.

En cuanto a expedientes a grandes tenedores, desde 2019 se han abierto 1.242, y dos inmobiliarias acumulan el 52%: Divarian Propiedad con 423 y Promontoria Coliseum Real Estate con 221, y el BBVA está en tercer lugar con 87.

La mayoría en el área de Barcelona

La mayoría de los expedientes abiertos y de las sanciones puestas están en el área metropolitana de Barcelona, pero sin incluir la capital, ya que el Ayuntamiento de Barcelona tiene competencias en materia de vivienda.

Así, en la provincia de Barcelona, 25 sanciones se han puesto en L'Hospitalet de Llobregat, 19 en Terrassa, 15 en Badalona, 14 en Mataró y 14 en Santa Coloma de Gramenet.

Los municipios que más expedientes acumulan son Badalona con 110, L'Hospitalet de Llobregat con 79, Sabadell con 66, Terrassa con 64, y Santa Coloma de Gramenet con 60.

Normativa y refuerzo

Las sanciones responden a la normativa actual de 2022 que establece que los grandes tenedores deben ofrecer un alquiler social antes de interponer la demanda de ejecución hipotecaria o desalojo.

La Generalitat empezó con las multas en 2019 después de que el Tribunal Constitucional (TC) levantara la suspensión cautelar del artículo 5 de la Ley de vivienda de 2015, que contemplaba esta cuestión.

La administración reforzó en enero de 2023 el programa con 19 profesionales dedicados a velar por el cumplimiento de la ley e interponer expedientes, y desde entonces ha hecho 1.609 actuaciones inspectoras, un 779% más respecto al total de inspecciones desde 2020 (183).