El Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès, mediante acuerdo de pleno municipal, requerirá al Área Metropolitana de Barcelona (AMB) que se subrogue y asuma inmediatamente la gestión del servicio de transporte urbano en el municipio.
Pese a estar obligado por la ley 31/2010 del Área Metropolitana, el AMB nunca ha asumido esta competencia ni su coste económico. Algo que en Sant Cugat se ha visto agravado especialmente desde el año 2018, cuando caducó la antigua concesión municipal del transporte urbano y el Ayuntamiento se vio obligado a aprobar una continuidad forzosa del servicio para mantener las líneas de autobús en el municipio.
Tener el contrato caducado impide impulsar las inversiones y mejoras que Sant Cugat necesita, como por ejemplo la compra de nuevos autobuses -prácticamente toda la flota está envejecida y es necesaria una renovación integral-, el incremento de frecuencias o la actualización del recorrido de las líneas urbanas adaptándolas al crecimiento de la ciudad.
Ante esta situación y la posibilidad de que se pueda prolongar en los próximos años, el Ayuntamiento reclama al ente metropolitano que asuma inmediatamente la prórroga forzosa del servicio y que además resarza “ todos los gastos que el Ayuntamiento de Sant Cugat ha tenido que soportar por su abandono de funciones”.
20 millones de euros
El Ayuntamiento calcula que al menos desde el año 2018, con la prórroga forzosa para mantener el servicio, ha tenido que asumir aproximadamente 20 millones de euros que por ley no le corresponden. Una cifra que aún sería mayor si se tuviera en cuenta que, de hecho, el AMB debería haber asumido el servicio de autobús urbano desde el año 2010, cuando se aprobó la ley 31/2010 que regula las sus competencias.
Josep Maria Vallès, alcalde de la ciudad, asegura que “el servicio de autobús urbano no está a la altura de las necesidades de una ciudad como Sant Cugat, que está a punto de llegar a 100.000 habitantes. Estamos obligados a mantener el servicio con una prórroga forzosa, asumir su gasto y, lo que es peor, no pudiendo poner en marcha las mejoras que se necesitan. Y todo ello porque el AMB no cumple con sus obligaciones ni asume coste económico alguno. Esto no puede ser de ninguna de las maneras porque, al final, quien sale perjudicada es la ciudadanía de Sant Cugat”.
El primer edil ya trasladó al alcalde de Barcelona y presidente del AMB, Jaume Collboni, la preocupación de Sant Cugat por la gestión del transporte urbano en el municipio en la reunión mantenida en el Ayuntamiento el pasado 1 de marzo.