Me comentaba un juez inglés, seguidor de la política española desde que veranea en la costa de Tarragona hace más de treinta años, que, desde su punto de vista, uno de los problemas que está condicionando el progreso democrático en España es la debilidad del sistema judicial.
El respeto a la actuación y a las decisiones de los tribunales es fundamental en un Estado de Derecho.
Nuestro país lo tuvo, de lo que fueron prueba la decisión de la Audiencia Nacional en el caso del procesamiento del general chileno Augusto Pinochet, que fue admitida sin ambages por la Appeal Court inglesa, la colaboración de Francia y otros países europeos en los procesos contra los terroristas de ETA, la lucha contra el narcotráfico, la delincuencia organizada internacional y la actividad internacional adjudicada por la UE en importantes proyectos para el fortalecimiento de los sistemas judiciales en la Europa del Este, Latinoamérica y la región euro mediterránea.
Sin embargo, en la actualidad se ha producido un gran deterioro de la imagen de la justicia, según reflejan las encuestas de opinión.
El último ataque ha tenido por objeto deslegitimar las actuaciones derivadas del llamado “procés”.
Pero ya antes comenzó a tambalearse cuando los poderes fácticos, como lo son las empresas monopolísticas, la banca y los grandes partidos políticos, se vieron amenazados en sus privilegios e intereses por determinadas actuaciones judiciales.
Siempre se ha atribuido a Franco el consejo que daba a los jueces con aquella frase: “ustedes hagan su trabajo, y no se metan en política”.
El asedio a los jueces no ha tenido color político: comenzó con el caso “Naseiro” cuando se anularon las grabaciones policiales que comprometían a un ministro que había reconocido haberse metido en política para forrarse, siguió con las críticas a la magistratura cuando se imputó a la entonces cúpula del ministerio del interior por la guerra sucia contra el terrorismo etarra; siguió con el célebre caso “Roldán”, y luego vinieron otros casos más recientes como el de la “Gúrtel”, las cláusulas abusivas, las quiebras de las entidades financieras, la explosión de la burbuja inmobiliaria, la inscripción de bienes históricos comunales a favor de la Iglesia católica, como fue el caso de la Mezquita de Córdoba.
Sin olvidar los desastres urbanísticos o los atentados contra el patrimonio ecológico. Desde luego, la actuación de la justicia resultaba incómoda para sectores intocables de la sociedad.
También empezaban a molestar otras actuaciones judiciales relativas a algunos de los presidentes de comunidades autónomas, como ocurrió en el País Vasco con el caso Ibarretxe, o en la Comunidad de Valencia, o las operaciones urbanísticas irregulares y el desastre del Mar Menor en la Región de Murcia, el caso del palacio de congresos en la Comunidad de las Islas Baleares, el caso de los ERE en Andalucía o el del “tres per cent” y las donaciones del Palau de la Música en Catalunya.
Una de las razones del desprestigio es la demora en la instrucción y resolución de las causas que principalmente se debe a los recortes en los recursos personales y materiales, y la demora en la modernización integral de la justicia.
Como solución se le ocurrió al presidente Rajoy la brillante idea de acortar el tiempo de la investigación de los delitos, cuya finalidad era la de que se archivaran los procesos abiertos por corrupción; y vemos con estupor que ahora el presidente Sánchez intenta acortar estos plazos de nuevo como solución a las causas abiertas por el “procés”. ¿No sería más adecuado dotar de medios para la investigación y para lograr una mayor rapidez en los juicios?
En estos días estamos asistiendo de nuevo al intento de neutralizar, esta vez preventivamente, la acción de la justicia ante cualquier actuación que eventualmente puedan tener los tribunales en el ejercicio de sus competencias para la aplicación de la todavía “no nata” ley de amnistía.
Determinadas personas que supuestamente serán beneficiadas por la ley, exigen concreciones “ad personam” más allá de lo que el poder legislativo puede prever en la redacción de un texto legal.
La prestigiosa catedrática de derecho penal de la UA de Barcelona, Mercedes García Arán, calificaba esta exigencia como una especie de patente de corso a favor de personas determinadas, lo que es jurídicamente inadmisible se mire por donde se mire.
Por otra parte, se está realizando una labor de desprestigio personal respecto de determinados jueces y juezas con el fin de condicionar la potestad que la constitución y las leyes le otorgan.
Se olvida de que cualquier actuación judicial debe ser realizada desde el convencimiento y responsabilidad personal del profesional al que corresponde la instrucción o el enjuiciamiento que, en cualquier caso, no puede aplicar su particular criterio, sino que tiene en deber de argumentar fáctica y jurídicamente su decisión.
Además, todas y cada una de las actuaciones judiciales pueden ser revisadas en apelación, para garantía de los ciudadanos, e incluso podrán tener acceso a ser analizadas por el tribunal supremo, el constitucional, o por los tribunales que garantizan internacionalmente los derechos humanos.
Cualquier ciudadano y, por supuesto, los medios de comunicación, pueden ejercer el control sobre las decisiones judiciales. Pero, con carácter previo, se ha de dejar a los jueces hacer el trabajo que les encomienda el sistema constitucional.
Reflexionando sobre estas cuestiones, me apuntaba el colega inglés al que citaba al principio de este artículo, su opinión sobre las razones de JUNTS para rechazar una ley de amnistía que ya había pactado.
En el fondo -me dice- que al sector más radical del independentismo no le interesa en absoluto en la amnistía porque ésta, aun cuando no requiere que se exprese ningún tipo de arrepentimiento respecto a las conductas ilegales realizadas, sí debe tener una vocación inequívoca de pacificación del conflicto.
La figura jurídico-política que se asemeja más a lo que se pretende por la diputada Noguera y sus compañeros es el armisticio, porque no existe voluntad alguna de solucionar el enfrentamiento entre las partes.
Únicamente se busca una tregua estratégica, pero solo con el propósito de rehacer las fuerzas para proseguir en el empeño que originó el conflicto.
Las duras palabras de la señora Borrás, presidenta del referido partido, son inequívocas, al reiterar que el presidente Sánchez miente cuando dice que se ha pactado la ley para favorecer la convivencia, objetivo que a ella y a su partido no le interesa para nada.
La generación que vivió la transición recuerda que la tesis política que lanzó la oposición al franquismo fue la de la reconciliación nacional.
Al asumir la inmensa mayoría de la ciudadanía esta aspiración, se pudo abrir una nueva etapa en la historia de España que, con sus luces y sus sombras, ha propiciado un periodo de estabilidad democrática que el país necesitaba.
Ninguna de las partes renunció a sus propias ideas y proyectos de futuro, pero fue la llave que permitió que se promulgara una ley de amnistía que abrió la puerta de las prisiones a muchos represaliados por la dictadura.
Otra cosa es que la recuperación de la memoria histórica siga siendo una asignatura pendiente, pero eso es otra historia.
Respecto al procés, la percepción que se tiene por la mayoría de la ciudadanía catalana, y así lo reflejan las encuestas de opinión, es que se necesita pasar página respecto de un conflicto que pudo haberse evitado con una mejor gestión política.
En el estadio en el que están las cosas más de diez años después, es mayoritaria la aspiración a dar una oportunidad a la paz, mediante la reconciliación de las grandes familias políticas catalanas y el entendimiento con los otros pueblos que conforman la realidad política que llamamos España.
El sentido de la amnistía es consolidar la convivencia pacífica después de la tormenta.
Pero, como es natural, los daños colaterales causados son de gran envergadura y hay sectores políticos muy radicalizados. Para unos se considera que la ley de amnistía constituye un delito de alta traición.
Para otros, la amnistía significa la legitimación de todo el “procés” por lo que el estado español debe pagar sus culpas, y reformar el marco legal para que se pueda emprender la fase final hacia la independencia que, por la coyuntura política, puede exigirse a cambio de permitir a Pedro Sánchez mantenerse en el poder.
Sin perjuicio de que estos temas merecen un análisis más profundo, no veo desacertada que se califique de armisticio la aspiración de este sector de JUNTS.
Es obvio que la definición clásica del armisticio siempre ha concitado la existencia de una confrontación armada. Pero esto también era en otras épocas.
La declaración de independencia constituyó una verdadera insurrección fomentada por quienes ostentaban las responsabilidades de la gestión de las competencias atribuidas a la Generalitat, en virtud de la exigua mayoría de escaños que tuvo en el parlamento autonómico.
Lamentablemente, el ministerio del interior de la época dotó de una cierta base de legitimidad ante la ciudadanía a un referéndum consultivo y sin garantías, gracias a los turbios e ilegales manejos de la policía patriótica, al desafortunado desembarco del crucero Piolín, y a las cargas de los antidisturbios contra los pacíficos ciudadanos que lo habían secundado.
Desde luego, no puede ignorarse que la mayoría parlamentaria independentista de 2017 supo aunar el descontento social y político de muchas personas por la nefasta gestión de la reforma del Estatuto de autonomía, pero no fue únicamente esta cuestión, sino que confluyeron otras motivaciones muy diversas, como las políticas estatales que cercenaron la recuperación de la memoria histórica -tan sensible para las generaciones catalanas que vivieron la crueldad de la guerra civil, el exilio y la represión franquista-.
Por otra parte, a este movimiento se sumó una juventud frustrada por las expectativas de futuro, deseosa de alcanzar una “república catalana con oportunidades para todos”, como rezaba la propaganda gestionada desde el una Generalitat que volcó su estrategia en las redes sociales y en la búsqueda de un reconocimiento internacional que nunca obtuvo.
Los hechos posteriores son de general conocimiento, y huelga aquí todo comentario, salvo que los hechos acaecidos justificaron que los jueces tuvieran que ejercer su función constitucional.
No depende de su parecer ni de sus ideologías el obrar de otra manera. Salvo el reducido número de políticos independentistas que optaron por el exilio, todos los demás comparecieron a los llamamientos judiciales y se sometieron a la acción de la justicia.
El rigor de unos tipos penales anacrónicos fue objeto de la decisión política del gobierno de coalición que modificó el código penal y otorgó los controvertidos indultos, que el tiempo ha demostrado que fueron necesarios y eficaces para rebajar la tensión y conseguir que la normalidad democrática se haya instalado en Catalunya con una presidencia de la Generalitat que ostenta un partido en cuyo ideario legítimo sigue manteniendo la aspiración a obtener la independencia, pero que es consciente que la unilateralidad no es el camino que las exigencias democráticas imponen.
En esta tesitura, y transcurridos ya más de siete años desde la fracasada opción insurreccional, la mayoría del parlamento español, depositario de la legitimidad democrática, ve razonable promulgar una ley de amnistía.
Pero la opción del minoritario partido JUNTS, estratégicamente rechaza el proyecto de ley por considerarlo insuficiente y exige que se coarte preventivamente la capacidad de los jueces de aplicar la ley conforme a las normas de derecho, con lo que juega la baza que le otorga la coyuntura electoral, para imponer un verdadero armisticio exorbitante e inaceptable.
Ante este nuevo desafío, si los dos grandes partidos tuvieran verdadero sentido de estado, habría terminado lo que ya está siendo una pesadilla. Pero aquí nos damos de bruces con la dura realidad que nos ha tocado padecer a los españoles: ni siquiera son capaces de alcanzar un acuerdo para renovar al caducado CGPJ, que ya transita por el sexto año de bloqueo.