Jéssica Albiach, candidata de Comuns Sumar a la presidencia de la Generalitat, ha reiterado su compromiso con la vivienda como prioridad de su eventual gestión en el próximo Govern. En un evento organizado por Barcelona Tribuna, junto a destacadas entidades como la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País, la AED (Asociación Española de Directivos) y La Vanguardia, Albiach ha detallado sus planes: la creación de 250.000 viviendas públicas mediante una inversión de 5.000 millones de euros.
Reconociendo la magnitud del desafío, Albiach ha admitido que no será posible llevar a cabo esta iniciativa de una vez, pero ha subrayado que no es una elección, sino una responsabilidad imperiosa. La candidata ha aprovechado la ocasión para criticar al actual Gobierno liderado por Pere Aragonès, señalando que hasta el momento no ha dado pasos significativos en la construcción de viviendas públicas.
Para Jéssica Albiach, la crisis de acceso a la vivienda representa la "emergencia más crucial" en Cataluña en la actualidad. Su enfoque para abordar esta situación implica la implementación de "políticas audaces". Además de la ambiciosa iniciativa de construir viviendas públicas en gran escala, propone medidas adicionales, como regular los alquileres temporales y establecer un impuesto destinado a combatir la especulación. Este impuesto consistiría en gravar con un 30% del valor del inmueble aquellas compras que no tengan como fin la residencia habitual.
Albiach ha planteado una reflexión contundente al cuestionar: "¿Cómo se puede mantener la salud mental sin la garantía de un hogar?". Además, ha dejado claro que el impulso de estas políticas de vivienda será un requisito fundamental para cualquier posible pacto con Comunes Sumar después de las elecciones del 12 de mayo.
Por este motivo, Albiach ha presentado su propuesta de financiación para Catalunya, argumentando que el sistema actual es centralista y favorece a Madrid, en particular al gobierno de Ayuso. En su visión, es necesario poner fin al "dumping fiscal" y establecer un enfoque financiero que sea "fraternal" pero que al mismo tiempo respete el "principio de ordinalidad". En pocas palabras, busca evitar que Catalunya sea uno de los territorios que "contribuye más y recibe menos" en términos de recursos financieros.