El hemiciclo del Congreso y un mazo de un juez

La amnistía se aprobará este jueves en el Congreso: ¿La aplicarán los jueces?

Todos los magistrados españoles disponen de una guia para retrasarla

La Ley de Amnistía será aprobada definitivamente este jueves en el Congreso tras varios meses de batallas políticas, y ahora está por ver qué harán los jueces, que son los responsables de aplicarla.

El panorama no parece positivo para los amnistiados, con la cúpula del poder judicial clamando en contra de la misma. El pasado lunes 20 de mayo todos los jueces españoles recibieron a través de su correo corporativo una guía contra la amnistía elaborada por Plataforma Cívica por la Independencia Judicial en la se facilitan dos formularios para elevar cuestiones de inconstitucionalidad o prejudiciales al Tribunal Constitucional (TC) y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), lo que obligaría a paralizar la aplicación de la ley. El mensaje fue enviado a través del correo corporativo del CGPJ. 

Ahora está por ver si los jueces harán caso a esta guía. En última instancia, los magistrados deberán aplicar la ley, pero las consultas al TC y al TJUE podrían alargar el proceso. 

Así ha será el proceso para aprobar la amnistía

Hace dos semanas la amnistía fue vetada por el Senado y para poder levantar ese veto y aprobar definitivamente la norma, el PSOE, Sumar y sus socios parlamentarios tienen que reunir este jueves un mínimo de 176 votos.

La proposición de ley fue registrada en solitario por el Grupo Socialista el 13 de noviembre del año pasado y, aunque formalmente se ha tramitado por el procedimiento de urgencia, no verá la luz hasta más de seis meses después.

Si no hay sorpresas de última hora, será la segunda ley que apruebe el Parlamento desde la llegada del Gobierno de Pedro Sánchez el pasado diciembre, además de la reforma constitucional para eliminar el término disminuido de la Carta Magna

Durante su recorrido en el Congreso el texto sufrió varias modificaciones en virtud de los acuerdos que los socialistas fueron alcanzando con los independentistas catalanes y que fueron recibiendo el apoyo del resto de socios parlamentarios.

El texto no se ha movido desde marzo

Tras su primera fase de debate en la Comisión de Justicia, el texto fue elevado al Pleno el 30 de enero, pero el voto en contra de Junts impidió que se mandara al Senado. Los de Carles Puigdemont forzaron su vuelta a la comisión ante la negativa del PSOE a aceptar sus enmiendas sobre los presuntos delitos de terrorismo y traición y tuvieron que buscar un nuevo pacto.

El acuerdo final en el Congreso se alumbró en el Pleno del 14 de marzo y la ley se envió al Senado. El PP uso su mayoría absoluta en la Cámara Alta para impulsar una modificación reglamentaria que le permitió 'retener' allí la norma dos meses, el máximo fijado por la Constitución, pese a tramitarse por el procedimiento de urgencia.

Además, el Senado inició los trámites para plantear un inédito conflicto de atribuciones contra el Congreso por considerar que ley suponía una reforma constitucional encubierta, aunque finalmente los 'populares' han desistido de llevar el asunto al Tribunal Constitucional.

Sesión monográfica y no valen errores

Así las cosas, hace dos semanas, el Pleno del Senado vetó la ley y la devolvió al Congreso sin incluir modificaciones. El Pleno del Congreso volverá a debatirla este jueves en una sesión monográfica, en la que los portavoces de los grupos contarán con siete minutos para intervenir y lo harán de menor a mayor.

En los debates de las leyes que vuelven del Senado no es habitual que participe el Gobierno aunque, como el Reglamento permite a los miembros del Ejecutivo intervenir siempre que quieran, esa opción siempre está ahí.

Además, el PP ha solicitado que la votación sea nominal, es decir que cada una de sus señorías tenga que decir en alto el sentido de su voto, algo que también hicieron en las cuatro ocasiones anteriores en las que esta norma pasó por el Pleno antes de su envío al Senado. Para levantar el veto del Senado, el Gobierno requiere mayoría absoluta, un mínimo de 175 votos, y dado que el PP, Vox, UPN y CC suman 172 votos en contra, el PSOE y sus aliados no pueden permitirse errores ni ausencias.