Puigdemont - TC

El caso del Procés, visto para sentencia un día antes que se apruebe la amnistía

El Ministerio Público reclama 3,1 millones de euros de forma conjunta y solidaria a los 35 encausados

El Tribunal de Cuentas ha acordado este miércoles que queda visto para sentencia el procedimiento abierto contra el ex presidente catalán Carles Puigdemont y otros 34 excargos de Cataluña por su presunta responsabilidad contable en el supuesto desvío de fondos para el referéndum ilegal del 1-O y la acción exterior del Govern en el marco del 'procés'. La providencia se emite justo un día antes de que la ley de amnistía, que afecta a los encausados, sea definitivamente aprobada por el Congreso de los Diputados.

En una nota informativa, este tribunal señala que la consejera del Departamento 2º de la Sección de Enjuiciamiento, Elena Hernáez, ha dictado una providencia por la que se declaran conclusas las actuaciones en relación a dicho procedimiento.

Fue en noviembre de 2023 cuando terminó el juicio y, en enero, en una breve nota informativa remitida por el Tribunal de Cuentas, la consejera señaló que la ley de amnistía no suspendía el procedimiento dado que en ese momento se desconocía en qué términos iba a aprobarse.

Ahora, Hernáez comunica también que ha dado traslado a las partes de los escritos de conclusiones presentados por las representaciones procesales de los condenados, a efectos de su mero conocimiento.

35 excargos del Govern

En esta causa, el Ministerio Público reclama 3,1 millones de euros de forma conjunta y solidaria a los 35 encausados tras rebajar las estimaciones iniciales del propio Tribunal de Cuentas, que había previsto una responsabilidad contable de unos 9,5 millones de euros. Sociedad Civil Catalana, por su parte, reclama 5 millones de euros a 11 excargos del Govern incluidos en la lista del Ministerio Público. Los encausados ya han aportado una fianza de cara al juicio para evitar embargos.

Entre los 35 nombres consta --además de Puigdemont-- el del expresidente catalán Artur Mas, que ya fue condenado por el propio Tribunal de Cuentas a devolver a la Generalitat algo más de 4,9 millones de euros (a los que se sumó más de un millón de euros en concepto de intereses) por la organización de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014.

En la lista también figuran exconsejeros condenados por el Supremo, como Raül Romeva y Jordi Turull; exconsejeros huidos, como Toni Comín y Lluís Puig; exdelegados de la Generalitat en el extranjero, como los de Estados Unidos, Francia, Italia y Portugal; y delegados en el exterior que aún permanecen en el cargo, como Marie Katinka (Alemania) y Eric Hauck (países del sudeste de Europa).

Asimismo, están encausados nueve personas que fueron procesadas por el Juzgado de Instrucción Número 13 de Barcelona en la causa abierta por los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

Destacan el exsecretario general de la Presidencia del Govern Joaquim Nim; el exsecretario de difusión de Presidencia Antoni Molons; el exsecretario general de Trabajo Josep Ginesta; y el exdirector del Diplocat Albert Royo.