El presidente en funciones de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, así como miembros de Junts+, los Comuns y la CUP han arropado este miércoles a la secretaria de Movimientos Sociales de ERC, Marta Molina, antes de declarar en la Ciutat de la Justícia investigada por la causa de Tsunami Democràtic.
Al grito de No estás sola e Independencia de los presentes y con aplausos, Molina ha asegurado a su llegada a la Ciutat de la Justicia que todo irá "bien" y se ha mostrado convencida de que ganará.
Por parte de ERC, también ha acudido la vicepresidenta del Govern en funciones, Laura Vilagrà; diversos consellers en funciones como Ester Capella, Roger Torrent y Tània Verge; la cabeza de lista a las elecciones europeas, Diana Riba; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y dirigentes de la formación como Marta Vilalta y Raquel Sans.
De Junts+, ha asistido la presidenta del Parlament, Anna Erra; la presidenta del partido, Laura Borràs; el secretario general, Jordi Turull, y diversos diputados, entre los cuales Antoni Castellà y Titón Laïlla, de Demòcrates.
El candidato de Comuns Sumar a las elecciones europeas, Jaume Asens, ha llegado un poco más tarde a la Ciutat de la Justícia, mientras que de la CUP ha asistido la cabeza de lista por Barcelona en las elecciones catalanas, Laia Estrada, y exdiputados como Dolors Sabater y David Fernández.
También han estado presentes en la concentración de apoyo el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, y la presidenta de la ANC, Dolors Feliu.
En libertad después de declarar
Tras comparecer por videoconferencia ante el juez Manuel García Castellón, Molina ha sido puesta en libertad.
Molina, quien solo ha respondido a las preguntas de su abogada Marina Roig, ha negado haber hecho un llamamiento a la violencia. Afirmó que seguía los comunicados de Tsunami Democràtic a través de los medios de comunicación y que en ninguno de ellos vio incitaciones a la violencia. Además, ha insistido en que "el independentismo catalán no es violento".
El magistrado no permitió la intervención de los abogados de las acusaciones de las entidades españolistas (los dos policías, Vox, Societat Civil Catalana y Dignidad y Justicia), quienes habían solicitado su prisión provisional, y dio por concluida la sesión.