El fiscal general, Álvaro García Ortiz

Más reuniones del fiscal general del estado: turno de la AN y el Tribunal de Cuentas

El pasado jueves 30 empezaron los contactos entre Álvaro García Ortiz y varios estamentos judiciales

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha convocado este viernes 31 de mayo a fiscales de la Audiencia Nacional, del Tribunal de Cuentas y de Catalunya ante la eventual entrada en vigor de la ley de amnistía que aprobó el pasado jueves 30 el Congreso de los Diputados.

Fuentes fiscales han confirmado a Europa Press que el jefe del Ministerio Público continúa con la ronda de contactos que empezó ayer con los fiscales del Tribunal Supremo que participaron en el juicio del Procés, los jefes de Penal de dicho tribunal y el fiscal ante el Tribunal Constitucional.

Las mismas fuentes han precisado que se trata de reuniones para "coordinar" la actuación del Ministerio Público en "todos" los órdenes jurisdiccionales y en "todas" las instancias.

Se espera que la ley beneficie a los principales dirigentes de Junts y ERC y su entorno, a los 12 CDR procesados y a los investigados por Tsunami Democràtic, entre otros. Cabe recordar que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aseguró que el texto legal ampararía a 372 personas, mientras que el colectivo de abogados Alerta Solidaria habla de 419.

Informes

La norma fija que los tribunales tendrán que aplicar la amnistía en un plazo máximo de dos meses. La mayor expectativa está sobre el Tribunal Supremo, que tiene sobre la mesa varios casos relativos al Procés: el de los condenados, como el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras; el de los procesados en rebeldía, como Carles Puigdemont y los exconsellers en el extranjero; y la causa abierta por presunto terrorismo en Tsunami, que afecta a Puigdemont y al exdiputado de ERC en el Paralment Ruben Wagensberg.

Fuentes jurídicas apuntan que el Supremo no se reunirá para abordar la amnistía sin antes haber escuchado a las partes, incluida la propia Fiscalía, a quien pedirá informe después de que la ley sea publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El resto de tribunales también tendrán que consultar al Ministerio Público, según las fuentes consultadas.

De ahí que la reunión de este jueves y viernes del fiscal general con los fiscales del Procés y del resto de instancias es necesaria para fijar una unidad de criterio de cara a los futuros informes que tendrá que emitir la Fiscalía en los procedimientos afectados por la amnistía.

La Audiencia Nacional tiene en sus manos dos causas relativas al Procés: la de los CDR, que están a la espera de juicio; y la rama de Tsunamique no afecta a los aforados, que aún está en fase de investigación. El Tribunal de Cuentas, por su parte, dejó visto para sentencia el pasado miércoles la causa relativa a los gastos del 1-O y la acción exterior del Procés.

En el encuentro de este jueves, los fiscales del Procés entregaron a García Ortiz un documento en el que explicaban su oposición a aplicar la amnistía a Puigdemont en el delito de malversación al entender que sí tuvo ánimo de lucro y que afectó a los intereses financieros de la UE. Según su criterio, él y otros 6 dirigentes del Procés dedicaron fondos públicos "a fines inconstitucionales para conseguir sus propósitos".

No obstante, los cuatro fiscales se mostraron a favor de aplicar la ley a los delitos de desobediencia y de desórdenes públicos. Las fuentes consultadas señalan que de momento en la Fiscalía General no se ha adoptado una decisión sobre cuál será el criterio unitario a seguir.