El juez de la Audiencia Nacional (AN) Manuel García Castellón dio este lunes un plazo de 24 horas a los investigados en la causa de 'Tsunami Democràtic' para que facilitasen a través de sus defensas sus "direcciones inequívocas" en las que serían notificados de las citaciones para acudir a declarar.
Así consta en una providencia en la que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 da el plazo de "una audiencia" --24 horas--para que "con carácter previo a la emisión de las oportunas cédulas de citación", faciliten sus "direcciones inequívocas en las que recibirán las citaciones".
Además, el instructor pide a la policía que averigüe el domicilio y el paradero de tres investigados: el periodista Jesús Rodríguez Sellés, Jaume Cabani --al que el juez relaciona con la financiación de la plataforma-- y el banquero Nicola Flavio Guiulio.
Este movimiento de García Castellón llegó el mismo día en que la magistrada del Tribunal Supremo (TS) Susana Polo citó al expresidente de la Generalitat, eurodiputado de Junts y candidato de Junts+ Puigdemont per Catalunya, Carles Puigdemont, para que entre el 17 y el 21 de junio declare de forma voluntaria y vía videoconferencia en la causa abierta por presuntos delitos de terrorismo en el denominado 'caso Tsunami Democràtic'.
En un auto dictado este mismo lunes, la juez convocó también al diputado de ERC en el Parlament de Catalunya Ruben Wagensberg para que comparezca en los mismos términos en el procedimiento que ahora se sigue en el Supremo, después de que el pasado febrero asumiera la competencia sobre los hechos relativos a ambos dirigentes a petición del juez García Castellón, que continúa investigando de forma paralela a otra decena de personas por los disturbios atribuidos a la plataforma independentista.
Una declaración conjunta
En el trasfondo de la investigación sobre el caso Tsunami Democràtic, se espera que los siete individuos den una respuesta unificada cuando sean citados para comparecer ante la justicia.
Sus abogados ya han presentado un escrito conjunto al Tribunal Supremo, abogando por el archivo del caso, argumentando que el magistrado de la Audiencia Nacional no había extendido adecuadamente la investigación en 2021. En consecuencia, sostienen que sin las declaraciones de los encausados, la causa debería ser cerrada.
El pasado mes de febrero, la sala penal del Tribunal Supremo optó por no abordar ni revisar la petición presentada por los encausados. En cambio, determinaron su competencia para investigar a figuras prominentes como Puigdemont y Wagensberg, además de vislumbrar indicios de delito de terrorismo, a pesar de la posición contraria de la Fiscalía.
La omisión de una respuesta directa a la solicitud de los abogados y la decisión del Tribunal Supremo de continuar con la investigación han generado tensiones en el ámbito judicial español.
Algunos expertos señalan que estas acciones podrían alimentar percepciones de parcialidad y politización en el sistema judicial, al tiempo que cuestionan la consistencia y la equidad en la aplicación de la ley.