El juez Manuel García Castellón llega a la Audiencia Nacional, con una imagen de una protesta preparada por Tsunami Democràtic

Tsunami Democràtic pide que su caso se quede en manos de la Audiencia Nacional

Consideran que la instrucción debió terminar en julio de 2021, por lo que no podría investigarse a los aforados

Varios de los investigados en 'Tsunami Democràtic', entre ellos la secretaria general de ERC, Marta Rovira, o el director de la oficina del expresidente catalán Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, han pedido al Tribunal Supremo (TS) que deje la causa sobre 'Tsunami Democràtic', en la que se encuentran investigados, en manos de la Audiencia Nacional (AN).

En un escrito conjunto, las defensas de varios de los investigados explican además que el plazo de instrucción de esta causa, en la que se investiga el papel de la plataforma en los disturbios de otoño de 2019 en señal de protesta por la sentencia del 'procés', terminó en julio de 2021.

Esto implicaría, aducen, que la Audiencia Nacional tampoco tendría competencia para investigar o mandar a juicio a los aforados presuntamente implicados en la causa: el propio Puigdemont y el diputado de ERC en el Parlament catalán Ruben Wagensberg.

En concreto, el escrito --que también firman las defensas de los investigados Oriol Soler, Oleguer Serra y Xavier Vendrell-- apunta que para julio de 2021 "no se había acordado la citación en calidad de investigadas de las personas que en la exposición razonada" por la que el juez Manuel García Castellón pidió al TS que asumiese el caso "se identifican como investigadas o aforadas".

"Por tanto, tampoco se había producido su declaración judicial en tal condición procesal", añade. "Finalizada la instrucción el 29 de julio de 2021, el juzgado instructor debió dictar la resolución que correspondiera de acuerdo con el material indiciario con que contara en dicho momento", indica.

La prórroga de la instrucción

Además, apuntan las defensas de los tres investigados que "para que las diligencias de investigación acordadas con posterioridad" a esa fecha "fueran válidas sería necesario que el juzgado hubiera oído a las partes antes y hubiera acordado la prórroga de la instrucción antes de llegar a ese día".

Como consecuencia de ello, añade, "no es posible dirigir el procedimiento contra las personas aforadas indicadas en la exposición razonada ni, por ende, puede declarar el Tribunal Supremo su competencia para la instrucción y, en su caso, enjuiciamiento de quienes son miembros del Parlamento Europeo y del Parlament de Cataluña".

Los investigados por la Audiencia Nacional han remitido este escrito al Tribunal Supremo, que todavía está pendiente de decidir si accede o no a asumir la causa y a investigar a Puigdemont por su presunta implicación en los hechos.

Cabe recordar que la teniente fiscal del Supremo se opuso la pasada semana a investigar a Puigdemont por delitos de terrorismo y pidió devolver la causa a la AN al considerar que en este momento no hay indicios suficientes de criminalidad contra el expresidente catalán.