Abascal, en un acto público

Vox insiste con su ley para ilegalizar partidos independentistas y recuperar sedición

También quiere que se prohíban referéndums de autodeterminación, sanciona símbolos separatistas y castiga tramas con potencias extranjeras contra España

Vox defiende, este martes 20 de febrero, en el Pleno del Congreso su proposición de ley para ilegalizar a partidos independentistas. La formación también quiere castigar el uso de símbolos separatistas, prohibir los referéndums con fines contrarios a la unidad del país, recuperar el delito de sedición y aumentar el castigo por contactos con potencias extranjeras para dañar a España.

Según la formación de Santiago Abascal, partidos como ERC, Junts o Bildu representan un problema "especialmente grave", al ser minorías parlamentarias capaces de "condicionar" políticas de Estado, las leyes presupuestarias y la misma formación de gobiernos. Una influencia, que consideran "absolutamente desproporcionada" en la política española.

Esta propuesta, registrada el pasado mes de noviembre en la Cámara Baja, tiene como objetivo "garantizar y proteger" la soberanía y la integridad de España ante los "ataques" del Gobierno y los partidos separatistas, los cuales "constituyen una amenaza de primera magnitud" según los de Santiago Abascal.

Amenaza a la "unidad del país"

La iniciativa, recogida por Europa Press, empieza por modificar la Ley de Partidos Políticos para poner como límite a la actividad de las formaciones políticas el respeto a la unidad y a la soberanía de España y no atentar contra la integridad territorial. Y quien no cumpla, podrá ser considerado ilegal o en proceso de disolución.

Además, se incluye una cláusula de garantía para que las marcas sucesoras de estos partidos no puedan presentar candidaturas ni continuar la actividad de los ilegalizados. Igualmene, modifica el Código Penal ara castigar las ofensas o ultrajes a los simbolos de España y también la exhibición pública de emblemas que atenten contra la integridad del territorio nacional.

Los de Abascal, reclaman también en su iniciativa una aplicación de la ley "equitativa" y "sin distinciones". Ya que, según remarcan, "no puede existir un elemento de distinción solamente en función de su lugar de residencia".