En los últimos años, la lucha contra la contaminación del aire ha tomado un papel central en la agenda de muchas ciudades europeas, y Cataluña no es una excepción. Con el objetivo de mejorar la calidad del aire y promover una movilidad más sostenible, la implementación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) ha cobrado gran relevancia. ¿Cuáles son las implicaciones de las ZBE en Cataluña? ¿Cuál es el polémico 'tasazo' que podría acompañarlas?
La reciente Ley de Movilidad Sostenible podría cambiar significativamente la manera en que las ciudades catalanas abordan la movilidad urbana. Una de las propuestas más destacadas es la introducción de un peaje en las ZBE. Este peaje, diseñado para desincentivar el uso de vehículos altamente contaminantes y recaudar fondos para mejoras en la infraestructura de movilidad, ha generado un intenso debate.
Uno de los principales problemas asociados a esta normativa es la inseguridad jurídica. Actualmente, no existe un método claro de medición para el cobro del peaje, lo que genera incertidumbre tanto para los ayuntamientos encargados de implementarlo como para los ciudadanos que deben cumplirlo. La falta de claridad en la normativa puede llevar a interpretaciones dispares y complicar su aplicación efectiva.
El inicio oficial de las ZBE en Madrid, el 16 de junio de 2024, bajo la fuente de Europa Press/Eduardo Parra, ha sido un punto de referencia para otras ciudades, incluyendo aquellas en Cataluña. La experiencia madrileña, aunque no exenta de desafíos, sirve como un laboratorio de pruebas para la implementación de estas zonas en otras partes de España.
En Cataluña, la aplicación de las ZBE está respaldada por la Ley de Cambio Climático. Esta ley no solo establece las bases para la creación de ZBE, sino que también busca sumar restricciones adicionales mediante la Ley de Movilidad Sostenible. Esto podría incluir la implementación de un peaje en las ZBE, una medida que, aunque controvertida, se alinea con los principios de 'quien contamina paga' y 'el usuario paga'.
La misión principal de las ZBE es mejorar la calidad del aire en las zonas urbanas. Esto se logra limitando el acceso y la circulación de vehículos según sus emisiones contaminantes. En este sentido, la clasificación de la Dirección General de Tráfico juega un papel crucial. Los vehículos sin distintivo ambiental (etiqueta A) son los primeros en enfrentar restricciones, lo que ha llevado a muchos usuarios a adquirir nuevos coches que cumplen con los estándares ambientales.
La implementación de las ZBE ha tenido un impacto significativo en los ciudadanos catalanes. Muchos se han visto obligados a adquirir vehículos nuevos para obtener la etiqueta ambiental necesaria para circular sin restricciones. Además, la posibilidad de tener que pagar una tasa por circular en las ZBE añade una carga económica adicional.
El debate sobre el peaje ha sido intenso. Aunque el proyecto de peaje urbano ha estado en discusión anteriormente, su reactivación con la publicación en las Cortes Generales del proyecto de Ley de Movilidad Sostenible ha vuelto a poner el tema en el centro de la conversación pública.
El proyecto de Ley de Movilidad Sostenible propone varias disposiciones que podrían tener un impacto significativo en las ZBE de Cataluña. Entre estas se encuentra la modificación de la ley reguladora de las Haciendas Locales, permitiendo a los ayuntamientos establecer tasas para la circulación en ZBE. El importe de estas tasas podría basarse en el coste de estacionamiento en un aparcamiento público, lo que introduce un nuevo parámetro económico en la ecuación.
Además, el procedimiento para fijar el importe de las tasas estaría sujeto a licitación pública, teniendo en cuenta el valor económico de la concesión, autorización o adjudicación. Esta medida busca garantizar transparencia y equidad en el proceso, aunque añade una capa adicional de complejidad administrativa.
Las directrices publicadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en 2021 también juegan un papel crucial en la implementación de las ZBE. Estas directrices permiten la inclusión de una tasa para permitir el estacionamiento en la calle, alineándose con los principios de 'quien contamina paga' y 'el usuario paga'. Esto no solo ayuda a mitigar el impacto ambiental de los vehículos más contaminantes, sino que también genera ingresos para financiar mejoras en la movilidad peatonal, ciclovías y transporte público.
El peaje urbano tiene varias finalidades. En primer lugar, ayuda a proteger el medioambiente al desincentivar el uso de vehículos contaminantes. En segundo lugar, genera ingresos económicos que pueden ser reinvertidos en mejorar la infraestructura de movilidad, promoviendo modos de transporte más sostenibles. Finalmente, permite una redistribución de recursos según la pirámide de la movilidad, priorizando a peatones, ciclistas y usuarios del transporte público.
La inseguridad jurídica es uno de los principales desafíos en la implementación de las ZBE en Cataluña. Esta inseguridad afecta tanto a los ayuntamientos, que deben aplicar la normativa, como a los ciudadanos, que deben cumplirla. La falta de concreción en la normativa genera dudas sobre cómo se determinará la cuota tributaria y si esta se ajustará al principio de 'quien contamina paga'.