El conseller de Acción Climática de la Generalitat, David Mascort, ha anunciado este jueves que la Generlaitat instalará una "desalinizadora flotante" en el Puerto de Barcelona para conseguir "más recursos" hídricos para abastecer a la población ante la sequía, y dice que con esta opción se descarta ya el transporte de agua en barcos.
Con esta propuesta ha dejado a todos los presentes y quienes les escuchaban perplejos porque con una sequía grave, todo el mundo se pregunta con unos presupuestos prorrogados de que partida pagará este gasto la Generalitat de cataluña en plena precampaña electoral.
Algunos miran ahora hacia el dinero no ejecutado del presupuesto del ACA y que inicialmente cubrirá el coste entero de las propuestas hechas públicas este jueves por la Generalitat catalana.
Una desalinizadora flotante para ser usada durante cinco años
Segun los expertos las desalinizadoras son infraestructuras que tienen un alto coste no solo como infraesctrura propiamente dicha sinó en la generación de la denominada "agua de boca" que es la que llega a los grifos de todos los usuarios domésticos, industrialas o agrícolas.
Aunque el agua procedente de las plantas desalinizadoras que salpican la costa española supone un alivio para la escasez hídrica de algunas regiones, sus elevados costes de operación y sus impactos sobre el medio marino hacen que su uso sea menos sostenible que el ahorro de agua y la concienciación sobre su uso.
En palabras de la Generalitat esta desalinizadora flotante entrará en funcionamiento en octubre, cuando hay previsión de entrar en emergencia 2 "si no lloviera más de aquí a octubre", y producirá unos 14 hectómetros cúbicos más de agua al año. Una solución, por lo tanto que deja en "manos del cielo" y la adversa meterología actual un verano que se prevé caluroso. Es una solución planteada en una línea temporal más ligada al otoño y desligada del verano, pero anunciada en una primavera electoral.
Esta desalinizadora flotante se ha comprado además para usarla durante 5 años porque se prevé que en este horizonte Cataluña ya tenga hecha la ampliación de la desalinizadora de la Tordera y la nueva del Foix, más modernas y energéticamente mejores, así como otras obras para crear "agua regenerada".
Con estas infraescturas hechas la Generalitat cree que las necesidades de agua estarán cubiertas y si sigue necesitando más agua la mantendrán y si no la venderán.
Por su parte, Plaja ha asegurado que se impulsa esta iniciativa de una desalinizadora flotante en el Puerto de Barcelona tras llegar a un acuerdo con la empresa constructora, Abengoa, tras un "trabajo de previsión desde hace más de seis meses".
Refuerzo de la Costa Brava con desalinizadoras móviles
Por otro lado, se instalarán 12 desalinizadoras móviles en la zona de la Costa Brava norte, junto al Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, para "dar servicio a los municipios de la cuenca del Muga", y habrá 4 en Roses, 4 en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Empuriabrava y 4 en la playa de Empuriabrava (Girona).
Estas desalinizadoras móviles producirán unos 1.000 metros cúbicos de agua al día cuya potencia consigue cubrir un 35% de las necesidades de agua en la zona; y la de Roses y la de la ETAP Empuriabrava entrará en funcionamiento en junio y julio, y la de la playa de Empuriabrava entre septiembre y octubre.
Mascort ha recordado que el embalse de Darnius Boadella, que suministra esta zona, tiene actualmente 7 hectómetros cúbicos de agua, por lo que insiste en la necesidad de impulsar estas desalinizadoras porque "estaba en riesgo el agua de boca de los vecinos de los municipios de la zona, desde Portbou hasta Castelló d'Empúries".
La Generalitat se gastará 110 millones de euros en las 13 desalinizadoras contratadas
La desalinizadora flotante del Puerto de Barcelona tendrá un coste de 100 millones de euros y las 12 de la Costa Brava de 10 millones (con un coste de compra cada una de 400.000 euros), por lo que ambas iniciativas suponen un coste total de 110 millones de euros para las arcas de la Generalitat.
Mascort ha asegurado que el agua de estas desalinizadoras va "directamente" a la red de abastecimiento de agua potable para la ciudadanía, y que el objetivo es garantizar que todas las personas tengan acceso al agua a pesar de la situación de emergencia por sequía, y llama a seguir haciendo esfuerzos para reducir el consumo.
En cuanto a la desalinizadora flotante, se instalarán los módulos para llevar a cabo el proceso de osmosis inversa encima de una barcaza en el Puerto de Barcelona, y habrá una tubería que conectará la distancia de 30 metros que habrá desde la barcaza hasta la red de suministro, según indican fuentes de la ATLL.
La Generalitat le dice no al transporte de agua en barco porque el agua es mucho más cara
El conseller ha asegurado que se descarta el transporte de agua en barcos porque la solución de la desalinizadora flotante "es más económica y sostenible ambientalmente", y fuentes de ATLL han explicado que el coste del metro cúbico de agua de la desalinizadora flotante será de 4,4 € el m3, por debajo de los 10 € que costaba el m3 transportado en barco .
A la pregunta de si para llevar a cabo estas iniciativas es necesario el aval de la Diputación Permanente del Parlament, Mascort ha respondido que no es necesario, y ha destacado que ambas iniciativas son positivas para que los ciudadanos "no vean agravada su situación, aunque la sequía continúe los próximos meses".
El ACA tiene 540 millones de euros en su caja fuerte
La Agencia Catalana del Agua (ACA), empresa pública de la Generalitat de Catalunya y responsable de la planificación y gestión del ciclo del agua, cuya gestión es objeto de severas críticas desde diferentes sectores que apuntan al máximo responsable desde 2021, Samuel Reyes.
La falta de previsión en la ejecución de las infraestructuras, unido a la descoordinación de sus responsables y la escasa autocrítica por las decisiones adoptadas en la última década, ha generado un descontento generalizado que se extiende a todos los sectores productivos de Cataluña.
La presentación de los fallidos presupuestos del 2024 se evidenció la inacción de la ACA en los últimos años. Esta empresa pública acumula en su tesorería más 540 millones de euros desde 2020, consecuencia de la mínima inversión realizada, pese a sufrir Cataluña el peor episodio de sequía registrado hasta la fecha.
Todo ello pese a los lamentos del director de la ACA, Samuel Reyes, que achaca la falta de financiación y responsabiliza a la deuda que acarreaba la propia agencia desde 2008, que en 2019 quedó amortizada, para acreditar su posición. Así, en 2020, el primer año sin deuda, la agencia disponía de 430 millones y tan solo destinó 50 a la ejecución de inversiones públicas. Y en 2022, con 650 millones disponibles en su tesorería, solo se dedicaron 87 a infraestructuras.
En el momento de emplear los esfuerzos para hacer inversiones y minimizar el impacto de la falta de lluvia desde la Agencia Catalana del Agua se ahorró dinero y se perdió el tiempo.
Los embalses en Cataluña se sitúan ya por debajo del 15% de su capacidad, lo que ha producido la entrada en fase de emergencia en más de 200 municipios catalanes y una limitación del consumo de agua por habitante y día a 200 litros (incluido el gasto que hacen muchas empresas industriales en sus procesos productivos). Confiar en las lluvias para solucionar esta crisis climática que hace estragos en seis millones de ciudadanos tampoco ha convencido a los grupos parlamentarios que, de izquierda a derecha, llevan meses exigiendo liderazgo y gestión por parte de este organismo, además de expresar su preocupación por la ejecución del presupuesto de esta Agencia.
La relación entre la ACA y el Gobierno de Cataluña se ha enfriado en las últimas semanas y la gota que ha colmado el vaso ha sido la reunión mantenida entre el conseller Mascort con las asociaciones de agricultores, que han pedido el cese de Samuel Reyes y de su segundo, Jordi Molist, responsable del área de abastecimiento de la Agencia. Algo que ha sentado muy mal entre los trabajadores de la ACA, que denuncian una operación de señalamiento con la intención de presentarlos como responsables del recorte de las dotaciones de agua al regadío agrícola del 80%. Hasta el punto de que han convocado protestas para manifestar su rechazo al tratamiento que se les está dando por parte del Consejería porque se ven como cabeza de turco.
Las desavenencias entre Reyes y Mascort se materializaron con la opción del trasvase del Ebro, una alternativa que ha despertado el apoyo de cuatro colegios profesionales. La ACA, organismo de la Generalitat que gestiona las obras hidráulicas, el saneamiento de los ríos y la protección del medioambiente, ha puesto encima de la mesa esta propuesta, pero la Generalitat la ha descartado porque no es rentable a nivel electoral haciendo así prevalecer las decisiones políticas sobre las técnicas y que consistiría en promover una infraestructura permanente con la que poder abastecer al Área Metropolitana de Barcelona, donde se concentra la mayoría de la población catalana.