La sequía que está instalada en el país, más concretamente en Cataluña, está obligando a las instituciones a tomar medidas para paliar los efectos negativos.
En el caso de Cataluña, por ejemplo, estas medidas incluyen el apagado de fuentes, la prohibición del riego con agua potable en zonas verdes y la reducción de duchas disponibles en instalaciones municipales, entre otras.
Sin embargo, también hay partidas presupuestarias que se pueden destinar a este ámbito. El problema, sin embargo, es que no se están destinando de forma correcta.
De hecho, el Gobierno español no ha llevado a cabo completamente las inversiones públicas destinadas a políticas relacionadas con el agua y los sistemas de riego. Este hecho genera preocupación en diversas regiones y en el sector agrícola.
Según los datos proporcionados por la Intervención General del Estado en noviembre de 2023, solo se han utilizado 267 de los 532 millones a Obligaciones Reconocidas Netas, es decir, pagos comprometidos.
Esto indica que el grado de cumplimiento se sitúa en la mitad de los créditos disponibles, a pesar de contar con el respaldo de las ayudas de la Unión Europea.
Para poner más en contexto del problema que representa, tan solo se han utilizado el 3,7% de las inversiones públicas totales programadas en los Presupuestos Generales, que ascienden a más de 14.000 millones de euros, en proyectos relacionados con recursos hídricos.
Por otro lado, los créditos que no se incluyen en el cálculo del déficit público y que posteriormente deben ser reembolsados, alcanzaron los 400 millones, frente a los casi 700 millones previstos, con un nivel de cumplimiento del 58%.
En resumen, el Gobierno solo destina alrededor del 1.7% del total de los créditos disponibles a infraestructuras relacionadas con el agua para impulsar los programas de inversión de las empresas públicas.
¿Cuánto gasta el Gobierno en políticas relacionadas con el agua y sus infraestructuras?
En conjunto, el Gobierno solo ha utilizado alrededor de 1.600 millones en 2023, pese a que tenía presupuestados 2.500 millones.
En otras palabras, incluso contando con los fondos provenientes de la Unión Europea, el Ejecutivo solo ha gastado el 65% del presupuesto disponible.
La mitad de este gasto, unos 800 millones, se han dirigido a iniciativas como la "transformación digital" del agua y a la elaboración de normativas para la gestión de los recursos hídricos, en vez de a infraestructuras efectivas para revertir la situación de sequía.
Esto es un problema grave para comunidades como Cataluña o Andalucía, donde la sequía cada vez se agudiza más.
Las partidas de gasto destinadas a recursos hídricos, que aún están dentro de las competencias del Estado, se centran principalmente en los ministerios de Agricultura y Política Territorial.
Entre los diversos programas, resulta destacable que el Ministerio de Agricultura tenga asignado el Plan de Mejora de la Eficiencia y la Sostenibilidad de los Regadíos, con un presupuesto de 207 millones y 260 millones respectivamente.
No obstante, no se ha puesto en marcha ninguno de los dos planes.
Las competencias del Ministerio de Transición Ecológica
El Ministerio de Transición Ecológica cuenta con seis programas de actuación en políticas relacionadas con el agua, siendo la mitad de ellos financiados por fondos europeos.
Por ejemplo, alrededor de 485 millones se asignan al Programa de Seguimiento y Restauración de Ecosistemas Fluviales, a través del Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia.
Este fondo se ha creado específicamente para llevar a cabo inversiones en apoyo al agua y al dominio público hidráulico, junto con la sociedad estatal Acuaes, que tiene el objetivo peculiar de reducir la extracción de agua subterránea.
En lo que respecta a los planes de este ministerio que no dependen de los fondos de la Unión Europea, su ejecución ha sido desigual.
Por ejemplo, en el Plan de Gestión de Infraestructuras del Agua se ejecutó un 44% del presupuesto (133 de 305 millones) y en el Programa sobre la Normativa y Ordenación Territorial de los Recursos Hídricos, se ejecutó un 92% (365 de los 396 millones).