La magistrada encargada de la investigación sobre los 'Supercopa Files' ha dirigido su atención hacia las cuentas bancarias del futbolista Gerard Piqué. Según el sumario del caso Rubiales, se ha revelado que la instructora del Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda ha emitido una comisión rogatoria a Andorra en septiembre pasado. Esta solicitud busca obtener información sobre aproximadamente una decena de cuentas bancarias relacionadas con las empresas de Piqué, así como del club de fútbol andorrano del cual es propietario desde 2018.
El caso Rubiales investiga el presunto cobro de una comisión millonaria para trasladar la Supercopa de España a Arabia Saudí. La Guardia Civil, a través de su Unidad Central Operativa (UCO), advirtió sobre movimientos de fondos entre las sociedades del exjugador del Barcelona, lo que llevó a la magistrada Delia Rodrigo a solicitar asistencia judicial al país vecino.
En particular, se ha requerido a Mora Banc Group que identifique cuentas bancarias de Piqué, así como de diversas empresas vinculadas al conglomerado de Kosmos, del cual el futbolista es parte. La magistrada también ha solicitado información sobre una transferencia de 2 millones de euros desde una cuenta titulada por Piqué a la sociedad Kerad Holding.
En su auto, la juez señala que se están investigando acciones de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) durante la presidencia de Rubiales, y destaca la importancia de rastrear los fondos recibidos por la mercantil Kosmos Football de SELA, ante la posibilidad de dádivas económicas entregadas a Rubiales u otros directivos de la RFEF.
Estas acciones se llevan a cabo dentro de una pieza separada que la juez abrió tras iniciar diligencias, mantenida bajo secreto de sumario hasta el reciente estallido de la causa. Este desarrollo culminó con detenciones y registros de los domicilios de los principales investigados, incluido Rubiales.
Piqué ha sido incluido como querellado en el caso desde el principio, aunque la UCO no ha tomado medidas contra él. Sin embargo, solicitó a la magistrada que emitiera una comisión rogatoria a Andorra en base a los movimientos de fondos detectados en las empresas involucradas en esta causa, que incluye delitos como tráfico de influencias, corrupción en los negocios, administración desleal y organización criminal, entre otros.