Este martes por la tarde, el Parlamento Europeo acogerá de nuevo un debate sobre la ley de la Inteligencia Artificial para así seguir avanzando en su camino legislativo y que pase a ser oficial.
El 8 de diciembre del pasado año, durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, se alcanzó un acuerdo tripartito entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión sobre el borrador de la primera ley de inteligencia artificial de la región.
Tras tres días de intensas negociaciones, este reglamento pionero, elaborado durante casi cuatro años, dio un primer paso hacia su concreción.
A través de esta normativa, Europa busca asegurar que los sistemas de IA que operen en su mercado respeten los derechos y valores de la comunidad, al tiempo que se fomenta la innovación.
Sin embargo, a pesar de esta victoria inicial, la ley aún debe enfrentar un largo camino legislativo antes de su implementación total, prevista para fines de 2026.
Tras este respaldo definitivo del Comité de Representantes Permanentes (COREPER), el Consejo de la Unión Europea envió una carta al Parlamento Europeo para buscar su aprobación.
Ahora, apenas un mes después, la Eurocámara se reúne en Estrasburgo para debatir sobre la materia, como paso previo a su votación en su sesión plenaria del miércoles.
Las expectativas que hay al respecto son altas, ya que su aprobación sería otro paso importante hacia la aplicación efectiva de esta ley.
Enfoque basado en el riesgo
Uno de los enfoques clave de esta legislación es el que se basa en el riesgo, que clasifica los usos de la IA en diferentes categorías según su peligrosidad, prohibiendo algunas aplicaciones consideradas inadmisibles para los usuarios.
El texto, con cerca de 90 artículos, ha generado controversia, especialmente aquellos que abordan el reconocimiento facial y biométrico en tiempo real.
La ley incluye excepciones limitadas bajo salvaguardias estrictas, como la autorización judicial previa.
Además, para los sistemas clasificados de alto riesgo, se requiere una evaluación obligatoria del impacto en los derechos fundamentales, entre otros requisitos.
Los sistemas de IA de propósito general deben cumplir con requisitos de transparencia y derechos de autor.
Las sanciones por incumplimiento van desde 7,5 millones de euros hasta el 7% del volumen de negocio, gestionadas por la AI Office, creada para garantizar el cumplimiento de la normativa.