El secuestro de Mari Àngels Feliu, un caso que conmocionó a la sociedad española, especialmente en Cataluña, tuvo lugar en noviembre de 1992 en Olot (La Garrotxa). Su desaparición y posterior secuestro se convirtieron en uno de los casos criminales más mediáticos y complejos de la España de los años 90.
Feliu fue secuestrada por un grupo criminal cuando salía de su farmacia. Los secuestradores, buscando un lucrativo rescate, mantuvieron a Feliu en cautiverio durante 492 días, un período durante el cual la sociedad catalana y española siguieron su caso con preocupación y esperanza.
El lugar donde Mari Àngels fue retenida se reveló como un zulo subterráneo, donde ni tan solo podía estar de pie. Este habitáculo se construyó específicamente para mantenerla en cautividad, demostrando la premeditación y la gravedad del acto criminal. La celda estaba ubicada en una zona rural, haciendo todavía más complicado tanto su localización como las labores de rescate.
La liberación de Feliu se logró finalmente sin el pago del rescate demandado, gracias a la presión policial y a las investigaciones llevadas a cabo. Su liberación fue un momento de gran alivio y alegría para su familia, los vecinos de la ciudad donde vivía y trabajaba, y el resto de la sociedad.
El secuestro de Feliu no solo tuvo un profundo impacto en su vida personal y la de su familia, sino que también dejó una marca indeleble en la sociedad, tanto catalana como española, resaltando vulnerabilidades en la seguridad pública y la necesidad de fortalecer las respuestas de las autoridades ante actos criminales de estas características.
El caso fue ampliamente cubierto por los medios de comunicación, y con el paso del tiempo, se ha convertido en un tema de estudio en criminología, psicología del secuestro y el tratamiento mediático de los casos de secuestro, resaltando la evolución de las tácticas policiales y la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado.
Este acontecimiento trágico subraya la importancia de la resiliencia, tanto a nivel individual como comunitario, frente a actos de violencia extrema y la capacidad de la sociedad para unirse en apoyo a las víctimas y sus familias.