Un vehículo de la Policía Nacional

Liberan a 29 mujeres víctimas de explotación sexual en la provincia de Málaga

En el operativo, impulsado por la Policía Nacional, han sido detenidas 37 personas

Agentes de la Policía Nacional han liberado en la provincia de Málaga a 29 mujeres explotadas sexualmente por una trama criminal cuyos integrantes las sometían a un férreo control en clubes de alterne.

En el marco de la llamada operación Vagary, 37 personas han sido detenidas por su presunta implicación en los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, relativos a la prostitución, contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social y los derechos de los trabajadores, contra la salud pública, falsedad documental y pertenencia a organización criminal, según ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

Según las pesquisas, el entramado obligaba a las víctimas a prostituirse en condiciones abusivas, sometiéndolas a un sistema de sanciones económicas muy riguroso, ante supuestos incumplimientos de las condiciones internas de los clubes, y forzándolas, además, a vender droga entre los clientes.

La Policía Nacional ha practicado siete registros en prostíbulos y domicilios de los principales investigados, en las localidades malagueñas de Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Coín, Pizarra y Málaga, interviniéndose 261.670 euros en efectivo, 30 gramos de MDMA, 15 gramos de cocaína, 114 dosis de vigorizantes sexuales, cinco vehículos de alta gama y una cartera de criptomonedas por valor de unos 100.000 euros. También se ha procedido al bloqueo de cuentas bancarias y propiedades por valor de 2 millones y medio de euros.

La investigación policial, llevada a cabo por agentes adscritos a la Ucrif de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras en Málaga, se inició a partir de unas informaciones que apuntaban a la existencia de un grupo organizado que captaba mujeres de diferentes países, en situación de vulnerabilidad, al objeto de explotarlas laboral y sexualmente, en clubes de alterne situados en la comarca del Valle del Guadalhorce.

Según las diligencias practicadas, las víctimas, que residían en los propios prostíbulos, eran explotadas sexualmente en condiciones abusivas y estaban sujetas a una férrea disciplina dentro los mismos, teniendo que afrontar sanciones económicas ante supuestos incumplimientos de las medidas de régimen interno de los clubes, en muchos casos relacionados con horarios "incumplidos" o las citas con los clientes.

De igual modo, las perjudicadas eran rotadas entre los clubes de la organización para evitar, especialmente, situaciones de confianza entre las trabajadoras y de estas con los clientes habituales.