España y otros 92 países han publicado en una declaración su "pleno apoyo" al Tribunal Penal Internacional (TPI) y defienden su labor "libre de intimidación" después de las críticas a la instancia judicial internacional.
"Afirmamos que el Tribunal, sus funcionarios y su personal deben desempeñar sus deberes profesionales como funcionarios públicos internacionales libres de intimidación", apunta la declaración.
Recuerdan además que se trata de un tribunal "independiente e imparcial" y se comprometen a "preservar su integridad frente a cualquier injerencia política y presión".
Los firmantes recuerdan que el TPI es la "primera y única corte penal internacional permanente del mundo" y supone "un componente esencial de la arquitectura internacional de paz y seguridad". Por ello piden "a todos los Estados" su "plena cooperación" en sus investigaciones sobre genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión.
El fiscal jefe del TPI, Karim Khan, ha pedido órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, así como contra dirigentes de Hamás por presuntos crímenes de guerra en la Franja de Gaza, lo que ha desatado críticas tando de Israel como de un sector de Estados Unidos, que incluso tramita sanciones contra miembros del TPI en el Congreso.
Israel lanzó una ofensiva militar contra Gaza tras los citados ataques perpetrados por Hamás, que dejaron cerca de 1.200 muertos y unos 240 secuestrados. Según las autoridades gazatíes, controladas por el grupo islamista, hasta la fecha han muerto casi 37.300 palestinos, la mayoría civiles, a los que se suman más de 520 muertos a manos de las fuerzas israelíes y en ataques ejecutados por colonos en Cisjordania y Jerusalén este desde esa fecha.
El origen del TPI
El Tribunal Penal Internacional (TPI) es una institución judicial internacional establecida para juzgar los crímenes más graves que preocupan a la comunidad internacional, como genocidios, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión. Fue creado en virtud del Estatuto de Roma, adoptado el 17 de julio de 1998 en una conferencia diplomática en Roma, Italia. El TPI entró oficialmente en funciones el 1 de julio de 2002, cuando el Estatuto de Roma fue ratificado por los 60 países necesarios.
El objetivo principal del TPI es complementar los sistemas judiciales nacionales, interviniendo cuando los tribunales nacionales no pueden o no quieren juzgar a los responsables de estos crímenes. Su jurisdicción se extiende a los individuos, no a los Estados, y tiene competencia sobre crímenes cometidos después de la entrada en vigor del Estatuto de Roma en su país o mediante una remisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
El funcionamiento del TPI se organiza en cuatro órganos principales: la Presidencia, la Fiscalía, la Defensa y las Cámaras. La Fiscalía es responsable de investigar y presentar cargos, mientras que las Cámaras, compuestas por jueces internacionales, son responsables de juzgar los casos. El tribunal se basa en principios de legalidad, independencia, imparcialidad y respeto de los derechos humanos.
El TPI cumple un papel crucial en la lucha contra la impunidad y la promoción de la justicia internacional. Permite llevar ante la justicia a individuos responsables de atrocidades masivas, proporcionando un recurso judicial a las víctimas y contribuyendo a la prevención de crímenes internacionales futuros. Además, sirve como un mecanismo de disuasión contra los líderes y actores que puedan considerar cometer tales crímenes, al establecer que no habrá refugio seguro para aquellos que violen gravemente el derecho internacional.
La declaración de apoyo reciente de España y otros 92 países al TPI subraya la importancia de mantener esta institución libre de intimidación y críticas infundadas, reafirmando el compromiso global con los principios de justicia internacional y derechos humanos. A pesar de los desafíos y críticas que enfrenta, el TPI continúa desempeñando un papel crucial en la protección de los derechos fundamentales y en la promoción de un orden internacional basado en la ley y la justicia.