El Proyecto de ley de medidas fiscales, financieras y administrativas y del sector público para el 2024 incorpora una modificación de la estructura del canon del agua que recauda la Agencia Catalana del Agua (ACA), que implica a la práctica un incremento de sus ingresos en cerca de 125 millones de euros.
Esta modificación, si bien viene a cumplir con el objetivo de sustituir el mínimo de consumo por una cuota fija, un cambio que muchos ayuntamientos ya han llevado a cabo a sus tarifas de agua, la realidad es que la Generalitat aprovecha para incrementar la fiscalidad del agua.
Mínimo de consumo versus cuota fija
La factura del agua incorpora una parte fija que se aplica para poder garantizar el servicio a la ciudadanía, y por otro lado asegurar unos ingresos mínimos para cubrir el gasto fijo del servicio. Esta parte fija se basa en un mínimo de facturación o una cuota fija.
El mínimo de consumo consiste en la facturación de un volumen mínimo aunque no haya consumo, una vez superada, se factura por el consumo real que se haya realizado.
Este concepto no promueve el consumo responsable del agua y es por este motivo que muchos ayuntamientos lo han sustituido por una cuota fija de servicio.
Ahora, el ACA decide seguir el camino iniciado por los ayuntamientos pero además aprovecha para introducir otras modificaciones que tienen por finalidad aumentar la recaudación, en un momento en que está siendo fuertemente cuestionada por acumular un excedente de tesorería de 540 millones de euros.
La estimación que han hecho desde la Agrupación de Servicios de Agua de Cataluña (ASAC) es que la ACA pasará a ingresar 125 millones de euros más (de 461 M€ a 586 M€), y que sobre este incremento, los usuarios domésticos contribuirán en 78,5 millones de euros, los no domésticos 40 y las entidades suministradoras 6,7.
Incremento del 100% del canon que pagan las operadoras por el agua no facturada
Entre las medidas dirigidas a incrementar la recaudación, el proyecto de ley prevé incrementar un 100% el canon que pagan las entidades suministradoras por fraudes, escapes, y agua no registrada, lo que implicará que tengan que pagar 6,7 millones de euros más cada año por este concepto.
Es decir, que en total, las operadoras tendrán que pagar 13,4 millones de euros cada año por este canon.
Traslado de costes a la tarifa de agua
Este incremento del canon tendrá un impacto de entre un 20% y un 40% sobre el concepto canon de la factura del agua, en función del tipo de uso.
Pero además será el desencadenante de nuevos incrementos de la tarifa de agua pues hay una serie de costes del servicio que se verán impactados por la modificación del canon y que se tendrán que repercutir en la tarifa: canon de desembalse, costes de adaptación de los sistemas informáticos, entre otros.
La propuesta de la Generalitat en caso de materializarse, provocará previsiblemente un aumento de la morosidad que también acabará repercutiendo en las entidades suministradoras de agua, pues en Cataluña la ley las considera sustitutas del contribuyente desde el año 2012 y, como tales, están obligadas a asumir la morosidad que tendría que soportar la ACA.
Es decir, que las operadoras de agua tienen que hacer las liquidaciones del canon al ACA de las facturas no cobradas, lo que supone de media un coste de 5,5 millones de euros anuales que se verán incrementados con el aumento de los impagados.
¿Qué paga el canon del agua?
Los ingresos procedentes del canon del agua se destinan a garantizar el funcionamiento de las infraestructuras hidráulicas (embalses, depuradoras, entre otros), el ejercicio de la actividad inspectora y a invertir en nuevas actuaciones en el ciclo del agua en los ámbitos de abastecimiento en alta y la depuración.
El mantenimiento y la renovación de las redes de agua municipales dependen de las tarifas de agua, no del canon, que no contempla actuaciones en el abastecimiento en baja.
Excepcionalmente, con motivo de la grave crisis hídrica que sufrimos, la ACA lanzó el julio del 2023 una línea de subvenciones en las redes municipales, pero es una actuación puntual fruto del momento de sequía extrema que vivimos en Cataluña.
La planificación hidrológica en Cataluña sufre de un déficit de inversiones que hace que nuestras infraestructuras hídricas sean muy vulnerables.
Dependemos del agua de la lluvia, una agua que hace más de tres años no llega en la cantidad necesaria para garantizar el abastecimiento en la población y la actividad económica.