A partir del próximo mes de abril, los hogares en España enfrentarán un nuevo incremento en sus facturas energéticas. Tras la reciente subida del IVA de la electricidad del 10% al 21% en marzo, ahora le toca el turno al gas, que experimentará un ajuste similar. Además de esta medida, otros dos tributos que inciden en el recibo eléctrico también registrarán un aumento significativo: el Impuesto Especial sobre la Electricidad y el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE).
Este cambio en la fiscalidad energética responde a un proceso gradual de desmantelamiento de las rebajas fiscales implementadas por el Gobierno para contrarrestar los efectos de la crisis energética. Según un decreto de medidas antiinflación aprobado a finales de diciembre del año pasado, se estableció una subida progresiva de los impuestos relacionados con la energía, que comenzó en enero con la subida del IVA de la luz y el gas.
A partir del 1 de abril, la factura del gas estará gravada con el tipo general del IVA, lo que se traducirá en un aumento del costo para la mayoría de los consumidores, excepto aquellos que se encuentren en el mercado regulado (TUR). Aunque el Gobierno revisa el precio de la TUR cada trimestre y se espera una rebaja para este próximo mes, el alza en el IVA contrarrestará en gran medida este beneficio.
En el caso de la electricidad, el IVA se mantendrá en el 21% por segundo mes consecutivo en abril, mientras que el Impuesto Especial sobre la Electricidad subirá al 3,8% y el IVPEE alcanzará el 5,25%. Estos impuestos volverán a sus niveles originales a partir de julio, lo que podría representar un nuevo golpe para los consumidores en plena temporada estival.
Según análisis realizados por expertos, se espera que el impacto de estos incrementos fiscales en el recibo de la luz sea limitado, con un alza estimada de medio euro debido al primer impuesto y una subida "ligera" de precios en el mercado mayorista como consecuencia del segundo. Sin embargo, para los hogares ya afectados por la escalada de precios en los servicios básicos, cualquier aumento adicional supone una mayor presión sobre su economía doméstica.