La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant (1i), y el secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez (1d), durante una reunión con la secretaria general de CCOO PV

La falta de transparencia de las subvenciones públicas en España, al descubierto

Existen lagunas importantes en los datos disponibles, especialmente a nivel autonómico y local, que opacan un sistema que significa un gasto de más de 300 millones de euros anuales

El sistema de subvenciones públicas en España, establecido desde 1976 tras la aprobación de la Constitución, ha sido objeto de atención debido a su crecimiento exponencial y la falta de transparencia en su gestión. Este sistema, destinado a financiar a partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y diversas asociaciones, ha generado un gasto que supera los 300 millones de euros anuales.

Según datos recientes de Hacienda en aplicación de la Ley de Transparencia de 2013, los partidos políticos recibieron más de 67 millones de euros en subvenciones en el año 2022. Destaca el PSOE como el mayor beneficiario con más de 25 millones de euros, seguido por el PP con 15,3 millones. Otras formaciones políticas como Vox, Podemos, Ciudadanos, ERC, entre otros, también obtuvieron importantes sumas en concepto de subvenciones.

Los sindicatos mayores, UGT y CCOO, se repartieron más de 93 millones de euros en subvenciones en el mismo periodo. En el ámbito empresarial, la patronal CEOE recibió casi 88 millones de euros en subvenciones. Además, otras asociaciones empresariales, agrarias, de autónomos y cooperativas también fueron beneficiarias de estas ayudas públicas, con montos que van desde los 100.000 euros hasta varios millones.

Sin embargo, la falta de transparencia en la información pública es evidente, como ha planteado un artículo de Voz Pópuli, ya que existen lagunas importantes en los datos disponibles, especialmente a nivel autonómico y local. Esto plantea un problema de rendición de cuentas y falta de compromiso con la ciudadanía y los contribuyentes. A pesar de los esfuerzos por implementar normativas de transparencia, la información disponible sigue siendo incompleta y desagregada, lo que dificulta una evaluación precisa del uso de los fondos públicos en este ámbito.