El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha denunciado la falta de interés de los partidos políticos en reactivar la Ley de Seguridad del Paciente, a pesar de haber pasado más de nueve meses desde el inicio de la actual legislatura en el Congreso de los Diputados. SATSE recuerda que la XV legislatura comenzó el 17 de agosto, pero la Proposición de Ley, introducida en 2019 como Iniciativa Legislativa Popular, no ha sido reconsiderada.
La Ley de Seguridad del Paciente, que estaba pendiente de debate en la Comisión de Sanidad en la pasada legislatura, tuvo que reiniciar su proceso legislativo tras las elecciones generales de julio. A pesar de las reuniones entre SATSE y los portavoces de los grupos políticos, no ha habido avances significativos. En diciembre de 2020, la ley fue tomada en consideración por primera vez con apoyo casi unánime de los partidos, por lo que no debería haber impedimentos para que supere nuevamente este trámite inicial.
SATSE critica que los partidos políticos no prioricen la realidad del sistema sanitario y sus profesionales, enfocándose en otras cuestiones que no siempre responden al interés general. La organización lamenta que no se impulse la tramitación de una ley que busca garantizar la seguridad asistencial y corregir el déficit de personal enfermero mediante la regulación de un adecuado ratio de pacientes por profesional en centros sanitarios y sociosanitarios.
El sindicato argumenta que el retraso en la tramitación de la ley responde a intereses que van en contra del bienestar general, evidenciando la sensibilidad de los políticos a presiones externas. La ley, apoyada por cerca de 700.000 personas y profesionales, permitiría a las enfermeras trabajar con una menor carga laboral, mejorando su salud y seguridad. Además, establecería ratios mínimos uniformes en todas las comunidades autónomas, asegurando una atención más segura, de mayor calidad y más equitativa.
De la misma forma, SATSE subraya que estudios científicos demuestran que un mayor número de pacientes por enfermera aumenta los riesgos de reingresos, complicaciones, efectos adversos e incluso defunciones. Sin embargo, la clase política parece no valorar suficientemente estos argumentos, reflejado en el inaceptable retraso que sufre esta iniciativa.