Barcelona ha estado en la vanguardia de la lucha contra los pisos turísticos ilegales durante años, y la batalla continúa. A pesar de los esfuerzos del gobierno de Ada Colau, que ha cerrado cerca de 6.000 de estos alojamientos desde su ofensiva inicial, el problema persiste. Según datos del Ayuntamiento, y como ha recogido el Diari Ara, el servicio de inspección sigue descubriendo hasta 300 nuevos pisos ilegales cada mes, lo que demuestra la naturaleza continua de este desafío.
El proceso para combatir estos alojamientos comienza con un meticuloso rastreo en línea para identificar aquellos que operan sin licencia. Una vez identificados, los inspectores deben corroborar la actividad ilegal y solicitar a las plataformas que desactiven los anuncios, aunque este proceso puede ser complicado y prolongado, especialmente con plataformas como Airbnb, donde las solicitudes deben realizarse por correo ordinario a Irlanda.
El aspecto administrativo también juega un papel crucial en esta lucha. Los procedimientos para sancionar y detener la actividad ilegal suelen llevar entre cuatro y cinco meses, pero en casos más complejos, este tiempo puede ser considerablemente mayor. El Ayuntamiento ha logrado recuperar alrededor de 3.473 pisos para uso de residencia habitual desde 2016, pero aún enfrenta desafíos significativos debido a la especialización y profesionalización de esta actividad ilícita.
La primera teniente de alcalde de Urbanismo, Laia Bonet, destaca que Barcelona es un referente en la lucha contra la actividad ilegal de pisos turísticos. Ella asegura que seguirán actuando con firmeza para evitar que se mercadee con un bien tan esencial como la vivienda. Esta postura refleja el compromiso continuo de la ciudad para abordar este problema y proteger el acceso a una vivienda adecuada para sus residentes.