Estupefacción general ante la respuesta desfavorable que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha dado a la iniciativa presentada por el grupo parlamentario de Sumar en el Congreso de reconocer la nacionalidad española de los saharauis, de la que fueron despojados inicuamente en 1976, diciendo que "las propuestas de reforma de la normativa de nacionalidad para extender la nacionalidad española a los saharauis plantean cuestiones técnicas y de seguridad jurídica que han de ser dilucidadas con arreglo al ordenamiento jurídico vigente, y atendiendo al proceso negociador en el marco de Naciones Unidas, cuya centralidad ha de asegurarse en todo caso".
Como es bien sabido el proceso negociador del contencioso del Sáhara Occidental está desde hace más de treinta años paralizado por la tenaz oposición de Marruecos a facilitar un desarrollo que supone poner en tela de juicio la larga, continuada e inmisericorde ocupación ilegal. La consecuencia es que, desde el punto de vista del derecho internacional, el Sáhara Occidental sigue apareciendo en la relación de territorios no autónomos reconocidos como tales por Naciones Unidas cuya potencia administradora “de iure”, guste o disguste al ministro Albares y al presidente Sánchez, continúa siendo España, aunque “de facto” lo sea ahora mismo Marruecos, a quien se la cedimos ilegalmente el 14 de noviembre de 1975 (conjuntamente con Mauritania, que renunció a ella cuatro años más tarde)
Aunque en el transcurso de este último medio siglo muchos saharauis han podido recuperar la nacionalidad española con la que nacieron gracias a actuaciones judiciales más fieles a la legalidad internacional que nuestro gobierno e incluso merced a una interpretación más propicia de la propia Administración (desde luego durante gobiernos no socialistas) lo cierto es que la injusticia se perpetua y clama al cielo que sea un Ministerio de Asuntos Exteriores español el que apoye esta inhumana situación. Claro que con Albares, el más promarroquí de todos los titulares españoles de dicha cartera en toda nuestra historia, todo es posible: desde que España sea capaz de renunciar al control del espacio aéreo saharaui, que le corresponde ejercer como potencia administradora del territorio, al desprecio de nuestros connacionales saharauis que nacieron siendo españoles, pero que para moverse por el mundo deben mendigar pasaportes de países con los que nada tienen, ni quieren tener que ver. En conclusión: no se trata de “devolver” nada, sino de reconocer lisa y llanamente que los saharauis nacidos antes del 28 de febrero de 1976 en una provincia africana que España nunca llegó a descolonizar -se limitó a abandonarla a su suerte- deben continuar, en tanto subsista su condición como territorio no autónomo, con el disfrute de la condición de súbditos españoles y la protección del Estado español.
Y “last but not less”: cuán significativo resulta que solo sea la izquierda más radical -apoyada curiosamente en este caso por la derecha- quien defienda los derechos de un colectivo marginado, mientras que los socialistas prefieren mirar hacia otro lado. ¡Quién sabe si Pablo Iglesias levantara la cabeza se preguntaría cuál es realmente “su partido”!