I.- “Nuestro árbol genealógico”
En el colegio han pedido a todos los niños y niñas de la edad de mi nieto, de nueve años, que hagan un árbol genealógico para algo tan natural como conocer sus orígenes. Mi nieto nos pregunta y, como ciudadano de España, creo que tiene derecho a saber dónde está la fosa común en la que enterraron a uno de sus bisabuelos, después de sacarlo con otras veinticinco personas de una escuela en el otoño de 1936. Los llevaron por la ladera de un monte de un pueblo de Málaga y los mataron a tiros como si fueran piezas de caza. Después sepultaron el crimen en un lugar que todavía no ha sido localizado. Los más viejos del lugar todavía no se atreven a hablar. El pasado verano suspendieron la búsqueda porque no alcanza el presupuesto que la Junta de Andalucía dedica para estas indagaciones. Entiendo las preguntas y la inquietud de este niño porque yo mismo tuve siempre la curiosidad, y siempre me lo ocultaron, de por qué mi bisabuelo Martín fue enterrado en el cementerio civil de Yecla, fuera de la “tierra sagrada”.
Entre los tambores de guerra de la OTAN, mientras en Ucrania no cesan las incursiones de los bombarderos de Putin, y en Gaza se desangran miles de niños inocentes, los partidos políticos españoles deciden las estrategias ante las próximas campañas electorales de esta primavera tan revuelta climatológicamente. En este contexto han pasado casi desapercibidas las decisiones que han adoptado los parlamentos de diversas comunidades autónomas para derogar las leyes vigentes sobre la recuperación de la memoria democrática, que ya tienen el efecto práctico que reflejan sus presupuestos de paralizar las actuaciones emprendidas para reparar una asignatura, vergonzosamente pendiente de nuestra sociedad, que tiene como finalidad la recuperación de la dignidad de muchas personas que fueron víctimas de la dictadura implantada tras el golpe de estado de 1936. En Orihuela, el pueblo de Miguel Hernández, se ha suprimido la subvención de 10.000 € que se destinaba a mantener la casa museo del poeta. ¡Qué bien están los restos de Antonio Machado en Colliure, junto a los campos de concentración por los que pasaron más de trescientos mil refugiados republicanos huyendo de la victoria del general Franco, cuyo aniversario todavía en estos días de abril de 2024 se celebra por algunas personas!
Con la apelación a la concordia entre los españoles y el propósito de no reabrir antiguas heridas, en estos parlamentos autonómicos se utilizan argumentos aparentemente bienintencionados para derogar una legislación que ya fue muy tardía e insuficiente. Al mismo tiempo se esconden de forma conscientemente hechos históricos plenamente demostrados que ponen de manifiesto la vergüenza de no haber sabido presentar ante las nuevas generaciones un relato histórico veraz e imprescindible para que los cimientos de la democracia española sean sólidos y compartidos por las generaciones presentes y futuras.
Sin entrar en los motivos de la guerra civil -que merecen un análisis profundo, científico y desapasionado- una de las falsas razones que se esgrimen ahora es la de que los dos bandos que contendieron realizaron actos vandálicos, y que con las leyes de la memoria histórica y democrática únicamente se pone el foco en las víctimas de los republicanos, olvidando a los miles de asesinatos de religiosos, religiosas y personas vinculadas a los partidos de la derecha tradicionalista cuyos autores fueron personas del bando republicano. A este respecto, es evidente y creo que existe un consenso unánime en nuestra sociedad, que todas estas personas merecen la debida reparación y el esclarecimiento de las circunstancias en las que se produjo su muerte, y las torturas que padecieron. Pero de igual forma se debe tratar a las que se sitúan en el bando de los vencidos.
II.- “La historia la escriben los vencedores”
Lo que no he leído en las exposiciones de motivos de las leyes denominadas “de la concordia”, ni tampoco he escuchado en los argumentarios de los contertulianos de los medios de comunicación, es que los asesinatos atribuidos a personas afines a los caídos en el denominado “bando nacional” fueron oportunamente investigados exhaustivamente por fiscales y jueces especiales en la “Causa General” abierta inmediatamente después del golpe de estado, por el directorio militar comandado por Franco, Orden número 246, del 27.9.1936. Su objeto fue el indagar y juzgar los hechos cometidos por los republicanos antes del “alzamiento”, durante el régimen republicano, y en el territorio que pasó a denominarse “nacional”. Después esta indagación se extendió a todo el territorio nacional reconquistado, por el Decreto de 26.4.1942. Este macro expediente judicial estuvo abierto hasta octubre de 1969. La cercanía de la instrucción judicial respecto de la fecha de los hechos favoreció el esclarecimiento de los hechos y el severo castigo de los que se consideraron culpables.
No es necesario señalar que la mayoría de los jueces procedían de los alféreces provisionales del ejército de Franco, y de las oposiciones llamadas “patrióticas”, que se convocaron para la cobertura de las vacantes producidas por los dictámenes de las comisiones de “depuración” que expulsaron de las carreras administrativa, policial, fiscal y judicial a los profesionales que habían seguido desempeñando las funciones que les correspondían en las ciudades de la “zona roja”. Todos estos, paradójicamente, fueron acusados del delito de “auxilio a la rebelión”. También se contaba con una legislación procesal penal en la que se habían suspendido los derechos de presunción de inocencia, in dubio pro reo y asistencia de abogados de libre elección a los procesados. La requisa de la documentación administrativa de las administraciones públicas de la época republicana, y de las personas privadas sospechosas de no ser adictas a la causa de los sublevados, se realizó de forma generalizada, sirvió para la represión y finalmente se depositó en los archivos de Salamanca. Lógicamente sirvió de fuente de información, junto con las denuncias de particulares que no siempre fueron debidamente contrastadas, pese a que muchas de ellas adolecían de veracidad o eran fruto de odios y rencillas personales.
En definitiva, respecto a las víctimas de la represión en la zona republicana antes del golpe de estado y después de éste, hasta la finalización de la guerra, se realizó una exhaustiva actividad investigadora desde los poderes del estado. Los asesinados por los “paseos” de las milicias de la retaguardia durante la guerra, o los que murieron en los frentes de batalla, recibieron cristiana sepultura, fueron reconocidos como caídos por Dios y por España, con todos los honores, e incluso incluidos en procesos de beatificación canónica como mártires. Los heridos recibieron asistencia como caballeros mutilados o recompensados en puestos de las administraciones municipales o estatales; y los que sufrieron condena en las prisiones de la república o en la “zona roja” de los tres años de guerra, recibieron el reconocimiento como “cautivos”. Sus familias obtuvieron ayudas del estado en forma de pensiones para viudas y huérfanos, o concesiones para la instalación de empresas o negocios.
III.- ¡Ay de los vencidos!
La diferencia de trato por el estado español de las víctimas de la España republicana fue diametralmente diferente. Nunca, hasta fechas muy recientes, después de transcurridos muchos años desde la transición a la democracia, se han indagado ni esclarecido, ni juzgados los hechos violentos contra personas inocentes, las detenciones y encarcelamientos arbitrarios, ni las miles de condenas pronunciadas sin las debidas garantías por los tribunales militares que aplicaban la legislación de represión contra “el comunismo y la masonería”, o por el Tribunal de Orden Público, cuya actividad no ha sido publicada hasta el trabajo realizado y publicado por el magistrado Juan José del Águila.
Respecto a los republicanos considerados autores, o simplemente sospechosos, de hechos delictivos, fueron tenazmente perseguidos, juzgados y mayoritariamente condenados a muerte o a largos años de cárcel. Muchos de ellos por causas tales como las de haber estado afiliados a algún partido político o sindicato, haber sido alcaldes o concejales de izquierdas, soldados de remplazo de las unidades del ejército de la república, maestros, o funcionarios públicos. Centenares de ellos sufrieron la represión en múltiples formas: desde los asesinatos sin ningún tipo de juicio por grupos autónomos incontrolados de vengadores, que arrojaban a los ejecutados a los pozos, barrancos o a las cunetas, hasta los condenados en procesos sumarísimos ante unos tribunales militares cuyos procedimientos producen todavía indignación por la suma de irregularidades y la ligereza con la que actuaban.
Nuestros padres y abuelos se atreven a contar, después de muchos años, sus vivencias de la época de la dictadura, y son cientos los testimonios de las vejaciones cometidas a las esposas de los presos o de los ejecutados, a las que rapaban la cabeza y las paseaban entre mofas por las calles. Son incontables los españoles que huyeron de sus pueblos o cruzaron las fronteras hacia un exilio trágico. El balance de víctimas es incuantificable. La pérdida de miles de científicos, juristas prestigiosos, escritores, artistas o profesores supuso una pérdida cultural de la que España todavía no se ha recuperado. El premio nobel de literatura a Juan Ramón Jiménez en 1954 por la Academia Sueca, fue otorgado a propuesta de varias universidades norteamericanas, con el cobarde silencio de la Academia Española de la Lengua, que no dio soporte a la candidatura.
El estigma de la represión franquista se resume en aquella canción de la chilena Violeta Parra, rememorando el vil asesinato de Federico García Lorca: ¡Qué vergüenza para España, qué tristeza en el planeta, haber matado a un poeta nacido de sus entrañas”!
Pues bien, los represaliados por la dictadura, mayoritariamente inocentes, sufrieron la victimización secundaria del silencio cómplice del franquismo sociológico. Una buena parte de ellos ignorados en fosas comunes cuya ubicación se ha borrado por el tiempo, sin que sus familias pudieran reivindicar su memoria por el miedo a que se les tachara de desafectos del régimen político imperante, y temerosos de que el estigma social negativo perjudicara a sus hijos y a sus nietos. Otros muchos perecieron en los campos de exterminio nazis. Se pueden ver sus nombres si se visita algunos de ellos en Alemania, Polonia o Austria, pero no en ningún lugar de España.
La amnistía de 1977 perpetuó la ley del silencio e impidió que se investigaran estos hechos. Supuso el perdón legal a los autores de aquella represión, calificada de genocida por algunos historiadores. Pero durante decenios, ya recuperada la democracia, ha subsistido la mordaza del miedo en la sociedad. Es como si una gran parte del pueblo español desconfíe de la fortaleza de una democracia desmemoriada respecto a una importante parte su propia historia. La ley de la memoria histórica de Zapatero ya fue tardía y timorata y es que -en esto todos somos culpables- en el corazón de España ha persistido hasta fechas recientes el monumento faraónico que ha albergado los despojos del símbolo de la dictadura y, pese a la nueva ley de memoria democrática, se sigue suspendiendo la asignatura la defensa de la dignidad de todos los españoles, que se proclama en la Constitución y a la que también tienen derecho quiénes están todavía en las cunetas. También la de mi nieto.
Las recientes iniciativas legislativas para la concordia que pretenden obstaculizar el mínimo respeto que España debe rendir a las víctimas del franquismo deben sonrojarnos a todos.
Ojalá este exabrupto antihistórico de la ultraderecha provoque una decidida reacción entre la inmensa mayoría de los demócratas españoles y sirva para exigir a los políticos que no se demore por más tiempo la reparación a las víctimas que la desmemoria colectiva pretende borra de nuestra historia. Afortunadamente en el mundo globalizado en el que vivimos, estamos viendo aparecer en Francia, Alemania, Italia, Argentina, Chile, las Repúblicas “soviéticas” y recientemente en España, un movimiento internacional que agrupa a nietos y nietas de abuelos fascistas, nazis, y franquistas, que ejercieron la represión, mataron impunemente o hicieron desaparecer a personas inocentes durante las dictaduras, y se autodefinen como “desobedientes”. Su finalidad es pedir perdón por los crímenes y atrocidades que cometieron sus abuelos que, bajo su aparente y bondadosa bondad, fueron represores de la libertad y la democracia. Vuelvan a ver, de nuevo, la película “La Caja de Música” de Costa Gavras, o lean el libro “Entre Hienas” de Loreto Urraca.