La Mesa del Congreso de los Diputados ha rechazado, este martes 16 de abril, el requerimiento del Senado para retirar la Ley de Amnistía, siguiendo el criterio de los letrados de que no hay cauce legal para ello y que plantea un conflicto de atribuciones sobre ello resultaría "improcedente", y de paso ha pedido "lealtad constitucional" a la Cámara Alta recordando que no puede usurpar funciones del Tribunal Constitucional (TC).
Con la mayoría absoluta del Partido Popular (PP), el Senado había enviado un requerimiento al Congreso para que procediera a la retirada de la Ley de Amnistía y, aunque la Cámara baja tenía hasta el próximo mes de mayo para responder, la Mesa ha decidido ir a una mayor velocidad, no apurar los plazos, y aprobar este mismo martes 16 su respuesta, de acuerdo con los argumentos de los servicios jurídicos.
En su informe, los letrados del Congreso de los Diputados subrayan que la Cámara Baja ha ejercido sus atribuciones "en los términos constitucional y reglamentariamente establecidos". Por lo tanto, teniendo en cuenta esta consideración, apuntan que ahora es el turno del Senado, conforme a las competencias que otorga la Constitución a la Cámara Alta.
A su juicio, "bajo la apariencia de la defensa de sus atribuciones, el Senado no puede intentar subvertir las legítimamente ejercidas por el Congreso en el macro del procedimiento legislativo", y avisa de que el planteamiento del conflicto por parte de la Cámara Alta "supondría un artificio para evitar cumplir su obligación constitucional y suplantar al Congreso".
Apoyándose en sentencias del TC, los servicios jurídicos recalcan que las votaciones que se producen en la Cámara en el marco del procedimiento legislativo "no son objeto idóneo" de un conflicto de atribuciones, y que si el Senado entiende que la usurpación de sus competencias se produjo cuando la Mesa del Congreso admitió a trámite en noviembre la controvertida proposición de ley del PSOE, debió haber presentado entonces ese conflicto, pero ahora ya está "fuera de plazo" porque se han superado "sobradamente" los 30 días naturales que establece la Constitución para recurrir.
Así pues, la tramitación de esta legislación sigue adelante.