Fotomontaje de Isabel Díaz Ayuso con una bolsa con dinero

La pareja de Ayuso propuso aceptar una pena de cárcel para evitar ir a juicio

Alberto González Amador propuso al fiscal aceptar su culpabilidad para evitar un juicio oral

Se estrecha el cerco contra Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid se encuentra en el ojo del huracán tras una propuesta legal de su actual pareja para evitar un juicio por fraude fiscal y falsedad documental. La petición enviada a fiscalía incluye un acuerdo de conformidad que detalla penas y multas, revela SER en exclusiva.

El abogado de Alberto González Amador, pareja de Ayuso, presentó el pasado 2 de febrero un pacto de conformidad para evitar el juicio oral. Según la información revelada por SER, este acuerdo implicaría admitir la comisión de dos delitos de fraude fiscal y aceptar una condena de 8 meses de prisión en total, con lo que evitaría una condena mayor que le pudiera hacer entrar realmente en prisión.

Además de la pena de cárcel, el pacto incluye el pago de la cuota defraudada más intereses, ascendiendo a un total de 375.000 euros, más un 40% adicional en concepto de multa, lo que suma 525.000 euros a pagar a la Hacienda Pública. Asimismo, se compromete a renunciar a ayudas o subvenciones públicas y a los beneficios fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de 9 meses.

Sin embargo, la Fiscalía ha rechazado esta propuesta inicial. Busca que además de los delitos fiscales, se asuma también el de falsedad documental, argumentando que González Amador empleó facturación falsa para defraudar a Hacienda.

El abogado relata en el escrito que González intentó regularizar su situación pagando 629.000 euros de más en el impuesto de sociedades de 2022. Sin embargo, el pago se realizó una vez iniciado el procedimiento inspector, por lo que no puede considerarse como eximente de responsabilidad.

Conclusión: El caso continúa generando controversia y atención mediática, mientras se espera el desenlace de las negociaciones legales. La propuesta de conformidad plantea un escenario complejo, con la Fiscalía buscando ampliar los cargos contra la pareja de Ayuso. Hacienda, por su parte, sigue el curso legal establecido, sin permitir regularizaciones una vez iniciado el procedimiento inspector.