Casal Popular Tres Lliris a Gràcia y Eloi Badia

¿Reabrirá el Constitucional el caso de Eloi Badia y el Casal Popular de Gràcia?

Se quejan los vecinos afectados nuevamente que el Juzgado de Barcelona que no practicó ninguna diligencia

El cabeza de lista de Sumar en las elecciones del próximo 12M, Eloi Badia, se enfrenta a un recurso de amparo presentado ante el Tribunal Constitucional por los vecinos afectados por la Casa Popular Tres Lliris de Gràcia que continúa con su historial de "fiestas alternativas".

En mayo de 2022, el titular del juzgado de instrucción 27 de Barcelona aceptó investigar a Eloi Badia, que en aquel momento era concejal de Emergència Climàtica y Transició Ecològica y del distrito de Gràcia, y cuatro técnicos por supuestamente "haber cedido a dedo" un local en Gràcia a una asociación juvenil próxima al movimiento Okupa del barrio, según recogía una querella de una comunidad de propietarios del barrio, y que "provoca muchos problemas de convivencia".

La denuncia acusaba a Eloi Badia y su equipo del barrio de Gracia de presunta prevaricación y malversación de fondos públicos porque la adjudicación se hizo sin concurso público.

El local, ubicado en la calle de Torrent de l'Olla, es propiedad del Ayuntamiento de Barcelona, que en septiembre del 2017 lo cedió a la Associació de Joves de Gràcia.

Durante la instrucción el magistrado instructor concluyó que el concurso público no era necesario ya que la Ley permite el uso gratuito y sin concurso de locales públicos destinados a usos sociales por parte de entidades sin ánimo de lucro.

Posteriormente la Audiencia Provincial de Barcelona confirmó su sobreseimiento provisional porque los hechos debían ser "justificados mejor".

Los vecinos insisten porque consideran que se vulneró su derecho de tutela judicial

Pese a ello los vecinos afectados creen que con el archivo del caso en esta segunda instancia judicial se vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva que es un derecho fundamental que consiste en recibir un amparo judicial justo.

Se quejan los vecinos afectados nuevamente que el Juzgado de Barcelona que practicó el primer achivo del caso no practicó ninguna diligencia sobre las denuncias realizadas por los vecinos de Gràcia pese a las pruebas aportadas. 

En defensa de este derecho que les asiste los vecinos han pedido al Tribunal Constitucional que reabra la causa penal al ex concejal de Barcelona, Eloi Badia, que afirmó que abandonaba la primera linea política en 13 de enero del 2023 para centrarse en su parternidad pero que en julio de ese mismo 2023 recogia el acta de diputado por los comunes en el Congreso de los Diputados y ahora concurre a las elecciones autonómicas catalanas como cabeza de lista por Girona.

Una larga lucha de casi diez años de los vecinos

La usurpación de la comisaría tuvo lugar en noviembre del 2015. Vecinos de la finca colindante llamaron al 112, pero el Ayuntamiento dejó que la okupación se consolidara porque Ada Colau había ganado las elecciones y se comprometió con este colectivo okupa de la comisaría que no serían desalojados mientras garantizaran la seguridad, tuvieran una buena relación con los vecinos y “realizaran actividades con retorno social”.

Al poco, los vecinos denunciaron la alteración de las conducciones compartidas de suministros, la proliferación de orines y la indiferencia del Ayuntamiento frente a todas estas conducntas, para enfado de todo el barrio de Gràcia.

Los vecinos en declaraciones a los medios en 2020 afirmaron que "lo peor no ha sido los orines, las fiestas, los ruidos de madrugada... ¡incluso durante la pandemia!" para ellos "lo peor ha sido la indefensión y la indiferencia del Ayuntamiento" que parecía iba a desocupar la casa pero que no lo acabó haciendo.

De hecho los okupas de Tres Lliris volvieron a abrir pese a que en noviembre de 2020 el distrito de Gracia, que comanda el concejal Eloi Badia, dictó orden de cese de actividad del local tras cinco años okupado. 

La intervención municipal se sustentaba en el incumplimiento contractual de la asociación juvenil a quien el Instituto Municipal de Vivienda (IMHAB) cedió la gestión del espacio a cambio de un alquiler simbólico que no ha sido abonado. 

La controvertida cesión de Eoli Badia de la "Casa els Tres Lliris" al colectivo okupa del barrio de Gràcia

Elo Badia concejal del barrio de Gràcia entre 2015 y 2019, cedió durante su mandato municipal los bajos de la antigua Comisaría de la Policía Nacional ( la Casa dels Tres Lliris) en Gracia a un conocido colectivo okupa ligado a la CUP que convirtieron en una casa popular.

Durante esos años el colectivo incumplió reiteradamente el pago del canon pactado con el ayuntamiento de Barcelona y generaron hasta 78 intervenciones policiales por la celebración constante de "fiestas populares" la mayoría de las cuales no contaban con los respectivos permisos y que se prolongaban hasta altas horas de la noche generando mucho malestar entre el vecindario.

Nadie ingresó el dinero del "alquiler simbólico" acordado con el Ayuntamiento de Barcelona mientras estuvo Badia como concejal de barrio

Los diferentes procedimientos administrativos que se impulsaron por parte del vecindario de Gracia fueron constantemente archivados.

Posteriormente Eloi Badia y su equipo obtaron por ignorar todas las quejas vecinales sobre la casa popular Tres Lliris y en 2022  el consistorio barcelonés renovó el contrato a una segunda asociación afín a sus antiguos okupantes pese al incumplimiento del pago de cánon y el respeto al descanso de los vecinos.

Los vecinos afectados e ignorados por Eloi Badia se querellaron contra toda  cúpula política de los comunes en el distrito 

Esta situación obligó a los afectados de los pisos colindantes a querellarse contra la cúpula del distrito de Gracia, y Eloi Badia fue citado como investigado acusado de haber cometido presuntos delitos de malversación y prevaricación aunque el Juzgado número 27 finalmente archivó el caso sin realizar ninguna diligencia.  

Ahora los vecinos afectados de la casa Popular Tres Lliris de Gràcia ante estas "fiestas alternativas" que se siguen produciendo piden al Tribunal Constitucional que les ampare y realice las diligencias judiciales necesarias que no se realizaron en primera instancia y que significó el archivo provisional de una situación en la que Eloi Badia tuvo una posición muy activa y que le ha valido los abucheos del barrio durante sus fiestas.