Jurista y activista, Xavier Pellicer (Sabadell, 1983) es el número 4 de la lista de la CUP en la demarcación de Barcelona. Se autodefine en sus perfiles de las redes sociales como "alegre y combativo" y es partidario que "el futuro se gana luchando".
"El Procés independentista ha terminado y toca abrir un nuevo ciclo de movilizaciones". "Esquerra Republicana ha tirado por la borda la legislatura". Son declaraciones suyas, hechas recientemente, en las que es muy crítico con el Govern saliente y con la situación que vive Cataluña…
El procesismo, como se ha entendido hasta ahora, ha muerto, aunque el anhelo de liberación que defendemos está vivo y bien vivo. La legislatura pasada parecía una gran ocasión para demostrar que había una mayoría independentista, que se tradujo en una mayoría parlamentaria y además con una mayoría de izquierdas muy clara. Veníamos de la legislatura de 2017, que fue muy intensa y prolífica, tanto en clave social como en clave soberanista, pero en esta última la deriva ha estado todo lo contrario. ERC ha preferido hacer suya la agenda de la patronal y generar una estabilización para no avanzar en derechos sociales y nacionales, y vehicularlo todo en negociaciones con el Gobierno de España. No han querido hacer enfadar a los de siempre que se enriquecen siempre.
La que termina ha sido una legislatura difícil, con un acuerdo entre ERC y Junts que saltó por los aires en otoño del 2022. Más allá de lo que apuntó, ¿en qué términos la valora?
La nota potencial que podía tener era muy alta. Pensábamos que se podía avivar el conflicto con el Estado, porque siguiendo dentro de este no se pueden garantizar los derechos más básicos. Mantienen una monarquía corrupta, no derogan la Ley Mordaza... Pero la que tendría que haber sido la legislatura de los servicios públicos ha terminado con un récord de huelgas en educación, muchas en sanidad, una respuesta deficiente a las reivindicaciones del personal interino e incluso en materia de vivienda. Más que dar un número, una nota, la defino como una legislatura fallida en la que se ha perdido la oportunidad de abrir un nuevo ciclo.
Las encuestas les garantizan, una vez más, la entrada en el Parlament. ¿Qué resultado considerarían bueno o muy bueno el 12 de mayo?
Somos muy conscientes que buena parte del electorado de izquierdas está en un momento resistencialista. Hay desorientación y un auge del conservadurismo y la extrema derecha. Por lo tanto, aparentemente, puede parecer que es un momento poco ilusionante, más de resistir que de avanzar. Es complejo, y los resultados dependerán de la capacidad que tengamos de explicar que es posible una alternativa. Los resultados concretos ya se verán, nosotros tenemos una casuística que podemos sacar un número de votos parecidos y una representación distinta. Ya nos pasó en las elecciones municipales, en Lleida, Tarragona y Granollers. Pero debemos aspirar a igualar, si no mejorar los resultados, que es difícil, pero se puede lograr. Creo que estamos haciendo una buena campaña.
¿Ponen alguna línea roja de cara a posibles pactos después de las elecciones?
La línea roja es la extrema derecha. Lleve la banderita que lleve, para nosotros la extrema derecha es extrema derecha y nos da igual si es de raíz catolicista y ultra españolista o trata de emular otros modelos, como el francés, y lleve una Senyera. Iremos a chocar frontalmente contra cualquier fuerza de esta ideología, como hemos hecho en esta legislatura. Así lo hemos hecho en Ripoll. También se nos hace muy complicado, por no decir imposible, un pacto con un PSC gris que incluso supera por la derecha al PSOE negando derechos fundamentales como la autodeterminación. Aspiramos a configurar las mayorías que hagan posible la alternativa.
Entremos en sus propuestas de cara al próximo mandato: en materia educativa apuestan por reforzar la escuela pública, mantener la inmersión lingüística y poner el foco en la salud mental...
Es fundamental. Este último año hemos visto como se cerraban hasta 100 líneas de enseñanza pública. Tanto en educación infantil como secundaria. En cambio, no han llegado ni a la decena en centros concertados y/o privados. La educación pública es básica para tratar de revertir las desigualdades y hay que apostar de forma desacomplejada por ella y darle los recursos que necesite.
Hablando de la lengua, sabemos que no únicamente debemos intervenir a nivel educativo, y se debe defender y no conformarse con cumplir las sentencias judiciales sobre las clases en castellano.
Respecto de la salud mental, percibimos que estamos en una sociedad que muestra síntomas de estar enferma. La pandemia ha acelerado una serie de procesos de degradación de la salud mental que para nosotros no tiene que ver con el individuo, sino que es algo colectivo, relacionado con la precariedad. ¿Cómo podemos tener una juventud saludable si se le cargan las culpas de todo? Tienen problemas para acceder a un mercado laboral en condiciones dignas, para desarrollar su vida con normalidad... Vinculamos mucho la salud mental con las condiciones materiales, pero también a poder garantizar unos mínimos servicios. Lo que no puede ser es que únicamente se puedan permitir una ayuda psicológica las personas que tengan recursos económicos para hacerlo. Y se debe abordar desde el sector público, también desde la educación.
Por lo que respecta a la vivienda, quieren que se detengan los desahucios para personas y familias sin alternativa residencial, la regulación de los alquileres y destinar un 1,5% del PIB a políticas de vivienda.
Lo que no podemos permitir es que la situación de la vivienda sea cada vez peor, y esto pasa por para el golpe; no puede pasar que tengamos más gente fuera de lo que define si eres pobre o no, que es tener un techo con unas condiciones mínimamente dignas. Se deben aplicar las medidas necesarias para frenar esta sangría y parar los desahucios. Se están vulnerando derechos fundamentales y convenios internacionales y lo que no puede ser que para garantizar el derecho a la propiedad privada se deje a gente en la calle.
También se deben regular los precios; nos parece que no es suficiente la regulación que se hace por parte de la legislación de vivienda española. Ya se había tumbado una ley catalana, vía Tribunal Constitucional, y la que se aprueba, en clave estatal, es mucho más deficiente que la que acordó el Parlament. Además, se termina aplicando en Cataluña.
Por otro lado, se debe intervenir en políticas estructurales en este ámbito y esto también requiere la intervención de la administración. La pasada legislatura empezó con un acuerdo que alcanzamos con ERC y Junts para una inversión mínima de 1.000 millones de euros en vivienda pública. Esto se debe combinar con una expropiación de pisos que ya han sido pagados con dinero público a través de los rescates bancarios. Esto debe servir también para ayudar a la gente joven, en su proceso de emancipación.
La candidata Laia Estrada reclamó una reducción de la jornada laboral a 30 horas semanales y un aumento del SMI a 1.600 euros. ¿Por dónde van las líneas maestras de su campaña en clave económica?
Creemos que toca dibujar lo que hemos definido como nueva economía catalana. Va muy vinculada, a nivel macro, con una transición ecosocial, abordando las necesidades económicas. Es absurdo tener a los agricultores ahogados, cobrando unos precios que no llegan ni al 10% del importe de la venta final del producto. Eso hace que toda la cadena de valor se quede en las distribuidoras y supermercados que presentan beneficios récord. Por ello proponemos también la creación de una distribuidora y una red de supermercados públicos.
Hay que ir incidiendo en ámbitos clave, como desplegar empresas públicas en sectores estratégicos. La energética pública, que el Govern desplegó a propuesta nuestra, debe ir más allá del simple hecho de colocar placas solares en edificios públicos. Lo que debe hacer es poder comercializar y trabajar para desplegar las energías renovables fuera de los monopolios, apostando por modelos como las comunidades locales.
Debemos ver que estamos en un momento de crisis ecológica y económica importante en el que hay muchas empresas que obtienen beneficios y se aprovechan de la inflación para enriquecerse a costa de ir empobreciendo a la mayoría. La nueva economía catalana debe estar autocentrada en lo que necesitamos, dar respuesta a las demandas que hay y ser capaz de generar un empleo de calidad y dignificado, lejos de macroproyectos y de la destrucción del territorio.
Acabamos hablando de uno de los grandes temas que ha afectado y afecta al territorio: la sequía. Mostraron su postura contraria al decreto del pasado mes. ¿En qué línea deberían ir las medidas que se tomen en el futuro?
Entendemos que hay dos ámbitos: a corto plazo, pese a la suerte que hemos tenido con la lluvia, se debe expulsar el lucro económico relacionado con el agua. En los municipios en los que la gestión es pública está mejor gestionada. El agua, su gestión, se debe recuperar y debe ser un servicio público para garantizar que hay el mínimo de pérdidas y que se gestiona de la mejor forma posible.
También es necesario e imprescindible decidir a qué destinamos el agua que tenemos. Lo que no puede ser es que la ruta de las desalinizadoras móviles que se quieren instalar sea la ruta del turismo. Ni que no se apliquen restricciones a su consumo, o que se haya hecho tímidamente cuando se ha llegado a la situación en la que estamos. Tampoco puede ser que se estén regando campos de golf mientras a los agricultores se les aplica restricciones brutales. Se debe apostar porque haya agua para el consumo, para la industria, para la producción agrícola.
Y más a largo plazo se debe poner en marcha un debate de país sobre a qué queremos destinar nuestros recursos hídricos. Es un debate de modelo de sociedad, si va al Hard Rock, a los campos de golf y al turismo o a garantizar, por ejemplo, la soberanía alimentaria de calidad y el modelo industrial de calidad.
Si tuviera que sintetizar el mensaje que quieren hacer llegar en esta campaña, ¿cómo lo haría?
El mensaje es que es clave que los votantes de izquierdas y los votantes independentistas se movilicen, que sepan que existe una alternativa y que con una CUP fuerte, potente, que pueda condicionar, será posible avanzar en clave social y en clave nacional. Esto es lo que hemos tratado de difundir en los primeros días de campaña y lo que seguiremos haciendo en las 10 jornadas que faltan. No tiraremos la toalla y esperamos que la gente tampoco lo haga, porque son imprescindibles.