El Juzgado de Instrucción 5 de Badalona ha archivado provisionalmente la causa en la que investigaba a la incineradora de residuos de Sant Adrià de Besòs (Barcelona), que gestiona la mpresa pública Tersa, por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente al supuestamente emitir contaminación por encima del límite permitido.
El origen de la investigación judicial se remonta a los análisis realizados por el grupo de investigación de toxicología de la Universitat Rovira i Virgili (URV).
Estos análisis revelaron niveles elevados de dioxinas y furanos en las cercanías de la central, lo que generó preocupaciones sobre posibles riesgos para la salud pública.
El equipo de científicos de la URV, liderado por el catedrático emérito de Toxicología, José Luis Domingo, pese al archivo provincional de la jueza ha respaldado sus hallazgos, advirtiendo sobre un posible aumento del riesgo de cáncer en Sant Adrià debido a la presencia de partículas tóxicas. La Guardia Civil también respaldó estas conclusiones en un informe presentado ante la Fiscalía que la jueza ha criticado en su auto de archivo provisional.
De hecho recientemente, el equipo de investigación de la URV publicó un artículo que aborda los estudios realizados sobre la presencia de dioxinas en Sant Adrià entre 1998 y 2017.
El artículo plantea la posibilidad de que la incineradora de Sant Adrià haya tenido un impacto negativo en el medio ambiente y en la salud pública durante años, lo que sugiere una gestión ambiental inadecuada.
A pesar de la decisión de la jueza de archivar el caso, las preocupaciones sobre la contaminación en Sant Adrià persisten. El debate sobre la gestión ambiental y la salud pública en la zona continua en el foco de las administraciones locales afectadas.
Tersa se ha felicitado porque el caso se archive, como había solicitado porque con esta decisión judicial según su opinión se confirma que ha operado “bajo el estricto cumplimiento de toda la normativa ambiental vigente”.
Mientras la presidenta de Airenet, Silvina Frucella, se ha declarado sorprendida con que se haya dictado el sobreseimiento provisional y ha anunciado nuevas acciones judiciales.
"Vamos a seguir todo el camino que la Justicia nos provee para recurrir en todas las instancias que sean necesarias hasta que se revise esta decisión", ha manifestado Frucella, que ha acusado a la empresa de gestión de residuos de ocultar irregularidades.
En este sentido ha afirmado ante los medios: "De manera contundente, decimos que Tersa miente, Tersa ha mentido a la jueza, ha mentido a su ente de control, a todos los ciudadanos y nos ha puesto en riesgo, tal como lo demuestran y los afirman los informes que hemos presentado y el informe de la Guardia Civil".
Fiscalía, vecinos, el Seprona e investigadores en contra de la decisión de la jueza
En un auto, la jueza del caso Tersa ha cerrado la investigación que se abrió tras una denuncia de la Fiscalía contra el jefe de explotación de la empresa y el entonces presidente de Tersa, que también era concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica de Barcelona, Eloi Badia; y han investigado el caso agentes del servicio de protección de la naturaleza de la Guardia Civil, el Seprona.
La Fiscalía presentó su denuncia después de que la coordinadora vecinal Airenet le hiciera llegar en 2018 una denuncia por el presunto mal funcionamiento de la planta, con unos niveles de emisiones contaminantes "muy elevados" de los que ya alertaban artículos en publicaciones científicas, y la investigación del fiscal concluyó que la empresa no estaba controlando correctamente la temperatura de incineración de los residuos conforme a la legislación ambiental.
La investigación judicial se ha centrado en si un algoritmo que utilizaba Tersa para había sido validado o no por la administración, y también en aclarar si la empresa incumplía los requisitos legales respecto a la temperatura en la incineración.
La instructora también ha recabado informes de la Conselleria de Acción Climática de la Generalitat, con los que ha confirmado que el Govern no autorizó el algoritmo que usa Tersa porque la ley no exige esta supervisión en incineradoras con características como la de Sant Adrià de Besòs.
Pasó inspecciones "año tras año"
La Conselleria también anotó que las inspecciones a Tersa constataron "año tras año" que cumple con las exigencias legales, por lo que se renovaron las licencias incluso en 2022, el año en que la Fiscalía presentó la denuncia que originó la causa.
Respecto a si la incineradora incumplía los requisitos legales de temperatura en la incineración, la instructora recuerda que "no cualquier infracción de la normativa supone la comisión de un delito" y que la empresa ha pasado por inspecciones ambientales periódicamente y nunca se ha detectado que incumpliera ninguna normativa.
La jueza añade que la empresa pasó en 2017 una inspección que evaluó concretamente si la temperatura de los gases de la quema de residuos no era superior a 850 grados durante al menos dos segundos --que es el extremo que la acusación ponía en duda--, una inspección que se saldó con una sanción de 20.000 euros a Tersa, que recurrió, y un juzgado contencioso anuló la multa porque "el reglamento no prohíbe con carácter general la incineración de residuos a una temperatura inferior a la indicada sino alimentación del sistema".
Para la jueza no hay "ni siquiera una infracción administrativa"
"Esto es, el eje vertebrador sobre el que las acusaciones han venido interesando diligencias instructoras y en cuyos interrogatorios insistieron, no resultaban ni siquiera una infracción administrativa", critica la jueza antes de reiterar que no se ha constatado que Tersa contravenga la normativa medio ambiental.
La magistrada añade que el cálculo de temperatura mínima de combustión permite verificar que en la incineración no se liberen dioxinas y furanos, algo que "resulta de vital importancia porque conviene recordar, no existe ni un solo informe que haya permitido constatar que las dioxinas y furnaos que se liberan en el proceso de combustión superen el índice previsto legalmente".
A pesar de que la instructora no estaba a favor, a petición de las acusaciones y por orden de la Audiencia de Barcelona se registró la incineradora y la Guardia Civil redactó un informe del que ja jueza considera que "no alcanza el rigor necesario para consolidar un indicio sólido que permita afirmar que la mercantil Tersa no cumple con la normativa vigente".
Por todo, la jueza ve "acreditado que se están cumpliendo los parámetros de temperatura" ya que dioxinas y furanos fueron medidos en inspecciones de la Generalitat cada año y que las mediciones de la Guardia Civil también han constatado que las emisiones de la chimenea de Tersa están dentro de los límites permitidos.
Tersa valora que se "confirma" su versión
Tras conocerse el archivo de la causa, Tersa ha valorado en un comunicado que la resolución "confirma lo que se ha sostenido" por parte de la empresa y que han respetado la normativa ambiental sin superar los límites de emisiones permitidos.
La empresa ha afirmado que "desde el inicio de esta investigación, la compañía ha cooperado plenamente con las autoridades de manera responsable y transparente" para darles la información y acceso necesario para aclarar la denuncia.
Pese a todo los afectados acudirán a instancias judiciales superiores para solicitar la reapertura del caso dado que consideran que la empresa pública no ha puesto a disposición de la jueza informaicón veraz sobre lo acontecido en su actividad.
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