Según los datos revelados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a lo largo del año pasado, los jueces y juezas españoles cerraron un total de 32 procedimientos relacionados con casos de corrupción. Estos procedimientos resultaron en la apertura de juicio oral o procesamiento contra 185 personas físicas y 71 personas jurídicas, quienes enfrentarán o enfrentaron juicio por estos delitos. A lo largo y ancho del territorio nacional, se emitieron 13 sentencias en total.
Aunque el número de procedimientos ha disminuido en comparación con años anteriores, la cantidad de personas procesadas ha aumentado significativamente. En 2023, se registraron un total de 256 procesados, entre individuos y entidades jurídicas, superando con creces los 197 del año anterior.
El informe del CGPJ se enfoca en la corrupción pública, que continúa siendo motivo de gran preocupación en la sociedad española. Los procedimientos judiciales incluidos en el informe involucran a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en ejercicio, y tienen como uno de sus elementos distintivos el desvío de fondos públicos, abarcando tanto la corrupción administrativa como la política.
En cuanto al resultado de los procesos, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado, los juzgados y tribunales emitieron un total de 56 sentencias en casos donde la corrupción era el núcleo de la investigación. De estas, 38 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 67.9% de las sentencias emitidas por los diferentes órganos judiciales. Las restantes 18 sentencias, equivalente al 32.1% del total, fueron absolutorias.
Los europeos creen que hay más corrupción
Si ampliamos el foco y queremos mirar la percepción que hay en Europa sobre este tema, los datos han empeorado por primera vez en una década, según Transparencia Internacional.
Y es que el índice de la percepción de la corrupción que elabora cada año este organismo muestra que la puntuación cae por primera vez en 10 años.
El promedio global sobre la confianza pública en sus propias autoridades se mantiene en 43 puntos sobre cien, si bien más de dos terceras partes de países superan los 50.
Dinamarca, con 90 puntos, figura de nuevo en cabeza de este informe (por sexto año consecutivo), junto a Finlandia, Nueva Zelanda, Noruega, Singapur, Suecia y Suiza, todos ellos por encima de los 80.