El Govern de la Generalitat de Cataluña ha emitido una orden para derribar el cámping operado por la familia del exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, en la Costa Brava.
La medida, impulsada por el Departamento de Territorio y liderada por la consejera Ester Capella, de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), exige la demolición de 89 bungalows y cuatro piscinas construidas ilegalmente en primera línea de mar en Sant Pere Pescador, Girona.
La resolución destaca la ilegalidad de las construcciones, subrayando que carecen de los permisos necesarios y no cuentan con respaldo administrativo.
Se ordena la restauración de los terrenos a su estado original, con un plazo de un mes para su ejecución, bajo amenaza de multas coercitivas de hasta 3.000 euros.
La familia Trias, encargada de la gestión del cámping La Ballena Alegre II, enfrenta además una causa judicial por presunta prevaricación urbanística, lo que ha motivado la suspensión temporal del expediente sancionador por parte del gobierno catalán.
Una parte significativa del camping se ubicaba en zonas consideradas no urbanizables. No obstante, antes de la implementación de los distintos planes urbanísticos, como los Planes Directores del Sistema Costero (PDUSC) y el Plan Director Urbanístico, estas áreas tenían un estatus diferente.
El alcalde, Agustí Badosa, señala que las primeras construcciones se remontan a la década de 1970. En la actualidad, el complejo consta de 324 estructuras, principalmente bungalows y casas móviles, junto con instalaciones destinadas a los servicios del camping. Además, incluye varias piscinas para el disfrute de los visitantes.
El Ayuntamiento de Sant Pere Pescador también ha sido instado a impulsar el derribo de otros 225 bungalows y nueve piscinas construidos ilegalmente en terreno protegido, como parte de la misma operación.
El empresario turístico Víctor Latorre, quien denunció la situación, ha solicitado a la Fiscalía el decomiso de las ganancias obtenidas por el cámping ilegal, estimadas en unos 50 millones de euros.
La gestión del cámping por parte de Álex Trias Arraut, hijo del exalcalde de Barcelona, ha sido objeto de críticas y ha generado controversia.
La orden de demolición marca un punto de inflexión en un largo proceso en el que se ha cuestionado la pasividad de las autoridades locales y regionales ante las irregularidades urbanísticas.