Una familia española ha emergido en el radar financiero al facturar aproximadamente un millón de euros por el alquiler de cientos de apartamentos turísticos en Madrid, Málaga y Murcia, a pesar de carecer de las licencias requeridas. Esta situación ha despertado preocupación en las autoridades, especialmente en Madrid, donde se intensifican los esfuerzos para abordar el creciente problema de los pisos turísticos sin regularizar.
Fran y Marta, identificados como dos anfitriones de la plataforma Airbnb, han llamado la atención al gestionar 336 apartamentos solo en la capital española. Sin ser los propietarios directos de todas estas propiedades, operan a través de una sociedad mercantil llamada The Key Host, la cual controla alrededor de 400 inmuebles en todo el país. Según reportes de El Confidencial, el 92% de estos operan sin la licencia requerida, lo que representa un desafío para las autoridades locales.
En Madrid, donde se encuentra la mayor parte de su cartera, solo 25 apartamentos cuentan con autorización, mientras que otros dos están en proceso de solicitud. Esta situación podría derivar en cierres de propiedades en cualquier momento, aunque las normativas autonómicas actuales dificultan este proceso.
La familia no esconde su modelo de negocio controvertido, describiéndose a sí mismos como una empresa familiar que presta servicios a propietarios individuales que no pueden gestionar sus segundas viviendas. Fran, uno de los gestores, explica que su labor incluye la recepción de huéspedes, resolución de incidencias y coordinación de limpieza, a cambio de un 20% de los ingresos generados.
El futuro del negocio de esta familia enfrenta incertidumbre ante las medidas regulatorias que se avecinan. El Ayuntamiento de Madrid se encuentra en proceso de elaboración de normativas más estrictas para regularizar el sector de las viviendas turísticas, lo que podría impactar significativamente en su operación. La situación plantea interrogantes sobre el equilibrio entre la innovación en el sector turístico y la necesidad de garantizar el cumplimiento de las normativas locales para preservar la calidad de vida en las ciudades.