El Tribunal Supremo ha ordenado el embargo del Consejo General de las Cámaras Oficiales de Comercio de Cataluña.
Según explica este jueves 22 de febrero El Confidencial, esto es debido a su falta de pago de las costas judiciales impuestas en los recursos y la sentencia que invalidó las elecciones de varias cámaras, incluida la de Barcelona, por irregularidades en los comicios.
Diversas resoluciones respaldan las irregularidades detectadas, las cuales incluyen la manipulación de votos por parte de los independentistas, con el respaldo de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), con el fin de asegurar la victoria de Joan Canadell en la Cámara de Comercio de Barcelona.
Canadell luego fue reclutado por Carles Puigdemont para unirse a las listas de Junts per Catalunya (JxCAT) y actualmente sigue siendo diputado en esta formación.
Los tribunales determinaron, luego de la denuncia interpuesta por la empresa Staff Pavillon, que los partidarios de la independencia habían manipulado los resultados de las elecciones con la complicidad de la Generalitat, bajo el liderazgo de Junts y con Quim Torra como presidente.
Como resultado, a pesar de haber controlado la entidad durante casi toda una legislatura, se anularon los comicios y se condenó tanto al Govern como al Consejo General de Cámaras (que agrupa a las 13 Cámaras de Cataluña, responsables de convocar las elecciones simultáneas) a asumir los costos judiciales.
Ambas instituciones mostraron resistencia. Finalmente, el Govern optó por pagar la mitad de los costos para evitar el embargo, desembolsando 2.420 euros para resolver la situación. Esta decisión se tomó después de que un auto del 21 de noviembre de 2022 ordenara el embargo del Ejecutivo en caso de incumplimiento.
Según fuentes del Gobierno, no se llegó a practicar ningún embargo porque la deuda se había saldado. El Consejo de Cámaras, no obstante, siguió en su posicionamiento de insumisión hacia la Justicia española y se resistió a pagar.
El 15 de julio de 2022, una diligencia de ordenación acordaba transferir a Staff Pavillon el importe de 2.420 euros de las costas del Consejo General de Cámaras, pero esa cantidad nunca se llegó a transferir, desobedeciendo la sentencia judicial que así lo ordenaba.