La Audiencia Nacional ha vuelto a pedir que comparezcan ante el juez Manuel García Castellón las 4 personas investigadas por su pertenencia a Tsunami Democràtic que plantaron al magistrado el pasado miércoles 22 de mayo.
Aparte de Marta Molina, en la jornada de ayer estaban citados a declarar al ex secretario de organización del partido Xavier Vendrell, el periodista Jesús Rodríguez Sellés, el empresario Josep Campmajó y el que estaba considerado tesorero de la organización, Jaume Cabani.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha solicitado al fiscal Miguel Ángel Carballo que informe sobre la posibilidad de decretar órdenes de busca y captura contra los investigados que no comparecieron.
Los disturbios atribuidos a Tsunami Democràtic, entre ellos el bloqueo del aeropuerto del Prat, ocurrieron tras conocerse la sentencia a los dirigentes del Procés, con penas de cárcel para nombres como el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y el líder de Esquerra Republicana (ERC), Oriol Junqueras, entre muchos otros, en octubre del 2019.
Molina, en libertad después de declarar
Quien sí compareció por videoconferencia ante el juez Manuel García Castellón fue la secretaria de Movimientos Sociales de ERC, Marta Molina. Tras su videodeclaración, fue puesta en libertad.
Tras eso, se supo que Molina, quien solo optó por respondder a las preguntas de su abogada Marina Roig, negó de forma tajante haber hecho un llamamiento a la violencia.
Afirmó que seguía los comunicados de Tsunami Democràtic a través de los medios de comunicación y que en ninguno de ellos vio incitaciones a la violencia. Además, ha insistido en que "el independentismo catalán no es violento".
Molina recibió el apoyo de todos los partidos políticos independentistas (ERC, Junts y la CUP) y también de Jaume Asens, de los Comuns. También estuvieron presentes en la concentración de apoyo el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, y la presidenta de la ANC, Dolors Feliu.
Por su parte, en la declaración de Molina, el magistrado no permitió la intervención de los abogados de las acusaciones de las entidades españolistas (los dos policías, Vox, Societat Civil Catalana y Dignidad y Justicia), quienes habían solicitado su prisión provisional, y dio por concluida la sesión.