Desde que el País Vasco asumió las competencias penitenciarias en octubre de 2021, el Gobierno vasco, liderado por el Partido Nacionalista Vasco (PNV), ha otorgado la semilibertad a 75 presos de la organización terrorista ETA. Este régimen, conocido como tercer grado, permite a los reclusos cumplir parte de su condena fuera de prisión bajo ciertas condiciones, lo que implica una mayor flexibilidad en su confinamiento.
La transferencia de las competencias de prisiones al País Vasco fue parte de un acuerdo entre el lehendakari Íñigo Urkullu y el Ministerio del Interior, en un esfuerzo por mejorar la gestión penitenciaria regional. Sin embargo, la implementación de esta política ha sido objeto de controversia, especialmente porque la Audiencia Nacional ha revocado 16 de estos terceros grados, argumentando que no se cumplían los requisitos necesarios para tal concesión.
Entre los presos beneficiados por la semilibertad se encuentran Mikel Xabier Ayensa Laborda y su hermano Ibai Ayensa, ambos condenados por asesinatos relacionados con ETA. Otros reclusos que han obtenido el tercer grado incluyen a Asier Oyarzábal, Pedro María Cano Hernández y Balbino Sáez, todos con antecedentes de delitos graves. Un caso destacado es el de Jon Igor Solana, cuyo tercer grado fue revocado debido a su participación en varios asesinatos, lo que ilustra las complejidades y desafíos en la aplicación de estas medidas.
La política de dispersión de presos de ETA, que implicaba su reclusión en distintas partes de España para evitar la concentración de miembros de la organización en un solo lugar, ha sido progresivamente reemplazada por su traslado a cárceles del País Vasco y Navarra. Este cambio ha facilitado la concesión de la semilibertad, lo que ha generado críticas por parte de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). La AVT sostiene que estas acciones forman parte de un plan más amplio que podría llevar a la libertad condicional de estos presos en un futuro próximo.
Etxerat, la asociación que representa a los familiares de los presos de ETA, ha modificado su discurso, pasando de exigir el fin de la política de alejamiento a demandar la libertad directa de los reclusos. Este cambio en las reivindicaciones ha sido objeto de debate y crítica, especialmente por aquellos que consideran que los presos no han cumplido con los criterios necesarios para obtener beneficios penitenciarios.
Por lo tanto, la asunción de las competencias penitenciarias por el Gobierno vasco ha permitido una mayor flexibilidad en la concesión de semilibertad a presos de ETA, generando un intenso debate sobre la justicia y adecuación de estas decisiones. Este cambio refleja una transformación significativa en la política penitenciaria española en relación con el terrorismo, sus consecuencias y la gestión de los reclusos condenados por estos delitos.