En el punto álgido de la segunda fase de la Operación Salida por las vacaciones de Semana Santa, los caminos de la provincia de Tarragona se ven teñidos de un flujo constante de vehículos.
Las autoridades de Tráfico han emitido un llamado especial a los conductores para que respeten las normativas viales, dado el aumento considerable del tráfico en las carreteras.
Sin embargo, a pesar de estas advertencias, siempre hay quienes deciden desafiar los límites de velocidad en las carreteras tarraconenses.
La red de carreteras en esta demarcación cuenta con un radar cada 47 kilómetros, sin incluir los dispositivos móviles ni los instalados por los municipios en diversas calles.
Tarragona alberga 54 radares fijos y cinco de tramo, situándola entre las provincias españolas con mayor cantidad de medidores de velocidad, con uno por cada 13.600 habitantes, la mitad de la proporción en Madrid.
Sin embargo, liderando con una superioridad abrumadora, Barcelona concentra la mayoría de los radares en España, con 277 fijos, 165 de semáforo y 31 de tramo.
A pesar de esto, en términos de radares por habitante, Girona supera a Barcelona, con uno por cada 5.900 ciudadanos, un récord nacional.
Cataluña, con la competencia de Tráfico transferida, ostenta el título de la comunidad autónoma con más radares en España, con un total de 742 dispositivos, lo que representa el 25% del total estatal, según el proveedor de sistemas de asistencia a la conducción y aviso de radares, Coyote.
El exceso de velocidad resulta en multas frecuentes, como evidenciado por las 758.659 sanciones interpuestas por el Servei Català de Trànsit durante 2022, generando una media de una multa cada 42 segundos y una recaudación de 83 millones de euros para la Generalitat.
La mayoría de los radares en Tarragona se encuentran en vías de gran capacidad, como la autopista AP-7 y las nacionales N-340 y N-420, así como en autovías como la T-11 y la C-31b.
Los radares en la autopista AP-7, particularmente en el tramo entre Ulldecona y Amposta, destacan por su eficacia recaudatoria, con 59.036 sanciones registradas en 2022, lo que generó 6,6 millones de euros para la Generalitat.