La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado en Tarragona una organización de trata de personas para explotación laboral, con 12 detenidos en Torredembarra, Reus y Tarragona capital, además de en Italia, y han liberado a 46 víctimas.
Las víctimas llegaban de Colombia a España con la promesa de un contrato de prácticas de hostelería por 500 euros mensuales, pero llegaban a trabajar 15 horas diarias y algunos cobraban 20 euros como máximo, informa el Ministerio del Interior este viernes en un comunicado.
En cuanto a los 12 detenidos (ya se ha decretado prisión para 3), han sido arrestados por presunta pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos con fines de explotación laboral, favorecimiento de la inmigración, detención ilegal y falsedad documental.
Ha habido 10 entradas y registros, donde se han intervenido 2 armas detonadoras, más de 22.000 euros en efectivo, documentación y material informático.
Investigación desde Octubre
La investigación empezó en octubre cuando se supo de personas de origen colombiano que trabajaban con horario abusivo, sin contrato ni documentación de estancia legal, además de estar controlados por la organización con cámaras de vigilancia en las viviendas donde las alojadas, "hacinadas en habitaciones".
Viajaban de Colombia a España, donde las condiciones eran muy diferentes al contrato que habían firmado, y la organización también les había dado la documentación y trámites necesarios para viajar, por lo que las víctimas contraían con la organización una deuda, que "cada vez se hacía mayor para así descontarles directamente el dinero del salario".
La promesa era un contrato en prácticas de estudiante de hostelería de 4 horas diarias con 2 días de descanso semanal, vacaciones por año de contrato y un sueldo inicial de 500 euros mensuales, pero las jornadas llegaban a ser de 12-15 horas todos los días, y el descanso semanal se daba muy pocas veces, y sin vacaciones.
Algunas víctimas llegaban como turistas y la organización les obligaba a apuntarse a cursos de formación, en convivencia con los centros que las debían impartir, pero los cursos no se hacían y sin embargo se les cobraban.
La organización también controlaba las bajas médicas y les daban fármacos potentes sin receta médica para que siguieran trabajando.
El juzgado de instrucción ha ordenado clausurar los 4 locales de restauración que usaba la organización.